La ribadense Sonia Castedo, exalcaldesa del PP de Alicante, y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, se sentarán a partir de este martes en el banquillo de los acusados en el juicio del caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad a favor del constructor y empresario Enrique Ortiz.
Se trata del mayor juicio de supuesta corrupción urbanística en Alicante, que arranca marcado por la limitación de aforo en la vista por la Covid-19 y también por la reciente anulación de las escuchas en otra pieza separada del Brugal (basuras de Orihuela).
Esta anulación de los pinchazos telefónicos de la Policía Nacional en la rama del Brugal de Orihuela podría ser determinante porque sobre el contenido de esas conversaciones se basan las principales acusaciones sobre Castedo, Díaz Alperi, Ortiz y resto de investigados.
El juicio en la sección Tercera de la Audiencia de Alicante deberá dilucidar si los dos exdirigentes municipales, ahora apartados de la actividad política, concedieron un trato de favor al promotor en la redacción del nuevo planeamiento de la ciudad a cambio de supuestas dádivas, entre ellas entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un coche modelo Mini Cooper y viajes con gastos pagados a Andorra, Ibiza y Creta.
Junto a Castedo, Alperi y Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados el constructor ilicitano Ramón Salvador; los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
El inicio del proceso también llega marcado por la sentencia dictada por la sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa matriz que dio origen al caso Brugal relacionada con la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela, donde se absolvió a los 34 acusados al considerar que las escuchas telefónicas no se autorizaron de manera correcta.
La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi por favorecer presuntamente a Ortiz en el diseño urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010.
El ministerio público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.
Uno de los empresarios, Ramón Salvador, asumió una condena de tres meses de prisión y el pago de una multa de 14.500 euros, y el pasado abril el principal beneficiario del presunto amaño, Enrique Ortiz, también alcanzó un pacto de conformidad aceptando haber facilitado prebendas a los dos expolíticos a cambio de dos años de cárcel y el pago de una multa de 1,6 millones, con lo que eludía el ingreso en prisión.
Sin embargo, el pasado 23 de junio (tras conocer la anulación de las escuchas en la rama del Brugal de las basuras de Orihuela) notificó al tribunal su intención de no ratificar ese acuerdo con un escrito por el que se retractaba de su confesión y se reafirmaba en la petición de absolución que expuso en su escrito de defensa.
