El Govern catalán aprobó este viernes aplazar las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 de mayo para alejar la cita con las urnas de la tercera ola de la pandemia de coronavirus, una decisión que ha contado con el aval de todos los partidos en el Parlament salvo el PSC, que no descarta impugnarla.
La decisión se gestó en la cumbre que responsables del Govern y de las fuerzas parlamentarias catalanas celebraron este viernes en el Parlament, en la que hubo un amplio consenso para aplazar los comicios aunque no unanimidad en torno a la fecha del 30 de mayo.
En la reunión, el PSC propuso un "aplazamiento técnico" de las elecciones al 14 o 21 de marzo, pero el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, planteó otra alternativa más alejada del 14F, el domingo 30 de mayo, con el argumento de que en primavera se espera una mejor situación epidemiológica y que haya más población vacunada.
La fecha propuesta por Aragonès fue avalada con más o menos entusiasmo por los diferentes partidos, con la excepción del PSC. A la salida de la reunión, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, explicó su posición: "Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y aún más si es para llevarlas al 30 de mayo, porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos".
Iceta evitó adelantar si el PSC impugnará el decreto de aplazamiento del Govern, porque antes quiere leerlo con atención y comprobar si solo "cambian la fecha de las elecciones" o también "las reglas de juego", reabriendo los trámites ya cerrados del proceso electoral en curso y permitiendo modificar las listas presentadas, algo que consideraría "ilegal".
El Govern estará en funciones más de ocho meses y serán las quintas elecciones en 10 años
Por la tarde, tras la reunión extraordinaria del Govern para aprobar el decreto de aplazamiento, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, adelantó que en los próximos días se detallarán "los cambios y modificaciones que se tendrán que producir". Por ejemplo, "es una evidencia que habrá que modificar el censo electoral", si bien "la voluntad del Govern es facilitar al máximo todos los procedimientos ya realizados con las convalidaciones de actos que sean necesarias".
Que las elecciones se celebren el 30 de mayo implicará que, si el calendario del Parlamento Europeo sigue según lo previsto, ya haya una decisión sobre el suplicatorio para levantar la inmunidad de los tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí.
Aunque no hay una fecha cerrada sobre la decisión —la comisión de asuntos jurídicos ya ha escuchado a los implicados pero todavía debe presentarse y debatirse el informe del ponente—, todo apunta al mes de abril como tarde.
Estas elecciones son el resultado de la negativa de los partidos para investir a un presidente que sustituyera al inhabilitado Quim Torra, que cesó en el cargo a finales de septiembre de 2020, por lo que, con la decisión de postergar los comicios, el Ejecutivo catalán estará en funciones más de ocho meses.
Se trata de las quintas elecciones catalanas en los últimos 10 años, ya que después de los comicios de 2010 el expresidente Artur Mas adelantó las elecciones en 2012, tras la consulta popular del 9N de 2014 volvió a adelantarlas en 2015 para presentarlas como un plebiscito de la independencia y tras el 1-O y la intervención del autogobierno catalán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy convocó las de 2017.
La fecha inicial, el 14 de febrero, surgió, precisamente de esa falta de acuerdo: al no haber un candidato investido en los plazos que exige la Ley de Presidencia, se disolvieron las cortes de forma automática y las elecciones cayeron ese día de febrero.
