La reciente sentencia del Tribunal Supremo invalida las normas urbanísticas con las que el bipartito de la Xunta frenó la construcción en Barreiros, mediante el decreto 15 del año 2007 y permite al Concello recuperar las de 1994 con las que se regía anteriormente. El dictamen anula la modificación, porque el Gobierno gallego no abrió un trámite de información pública para que todos los ciudadanos conociesen el cambio urbanístico que les iba a afectar. Pero Javier Sánchez, el abogado que ganó el recurso de casación ante el alto tribunal, con una sentencia inapelable, logró algo más: «Que el fallo reconociese que la Administración gallega había desclasificado el suelo, algo que dará pie a exigir responsabilidades patrimoniales», matiza.
«La Ley del Suelo contempla tres supuestos para cuando se produce una modificación del planeamiento local. Una alteración del plan es una causa específica para pedir responsabilidades y cuanto más hemos transformado el suelo, más nos tienen que indemnizar», advierte.
PRUEBAS. Se dieron casos similares en Canarias
- El abogado presentó como pruebas de casos similares otros que se dieron en las islas Canarias hacia 2008, donde también los planes insulares de la Comunidad Autónoma habían sustituido a los planes municipales y donde se anularon los planes directores territoriales .
El fallo sienta jurisprudencia al obligar a informar siempre del cambio de normas
El madrileño Javier Sánchez es el letrado que ganó el recurso de casación ante el Supremo en favor de la Inmobiliaria Pasillo Verde -prácticamente desaparecida actualmente-. Conoce bien los entresijos de la normativa urbanística de los municipios puesto que él mismo empezó su carrera en la Administración local, como secretario de un ayuntamiento: «Me dedico al derecho constitucional y administrativo y precisamente, buena parte de este último se refiere a la legislación urbanística», admite.
