La polémica que envuelve al pazo de Meirás se recrudece tradicionalmente con la llegada de la estación estival, pero nunca había alcanzado cotas tan altas como este verano. Y es que el palacete, ubicado en el concello de Sada, debe estar abierto al público al menos cuatro días al mes desde que en 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pero sus propietarios, los herederos de Francisco Franco, optaron año tras año por cerrar sus puertas a cal y canto durante el mes de agosto alegando que se encontraban ellos dentro disfrutando de su descanso vacacional.
Hasta que hace tres meses varios diputados del Parlamento de todos los colores políticos visitaron Meirás y constataron que la familia del dictador estaba incumpliendo el régimen de visitas: teóricamente no ponían trabas pero concertarlas era en la práctica tarea imposible —se necesitaba llamar a un número de teléfono que no existe o escribir a un correo electrónico del que nunca se obtenía respuesta—.
Así las cosas, la Xunta optó por tomar cartas en el asunto y abrió un expediente a la familia del dictador, que en un aparente intento por desmarcarse de la polémica delegó recientemente la gestión del pazo en un organismo: la Fundación Francisco Franco.
Los propietarios de Meirás habían apagado el fuego, pero con gasolina. Porque desde el ente que reivindica la figura del dictador no tardaron en emitir un mensaje que multiplicó la controversia. "Uno de nuestros objetivos es mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco", reza un comunicado publicado esta misma semana por la fundación, en el que avanzan su intención de hacer cumplir el régimen de visitas de una vez por todas —de hecho el pazo abrió sus puertas este martes y está previsto que también lo haga los dos últimos días del mes, cumpliendo así la normativa BIC—.
TORMENTA POLÍTICA. Pero la eterna polémica por el acceso del público al inmueble queda ahora enterrada por la declaración de intenciones del organismo que pilota Meirás. Las reacciones políticas no se han hecho esperar y toda la oposición se unió en bloque para instar al Gobierno gallego a que impida que el pazo sea gestionado por la Fundación Francisco Franco.
Los partidos de la oposición se unen para desalojar del pazo a la fundación, a la que el BNG denunció ante la UE por ser "antidemocrática"
El asunto ha llegado incluso a Bruselas, donde este miércoles la eurodiputada del BNG Ana Miranda pidió una "condena rotunda" para el citado ente, cuyo ideario, denuncia, contraviene los principios democráticos y constituye una "apoloxía do fascismo".
También el PSOE manifestó este miércoles su "más absoluto rechazo" a que la Fundación Francisco Franco sea la encargada de gestionar las visitas al pazo de Meirás, lo que considera "un insulto a las víctimas de la dictadura, a sus familias y al conjunto de la ciudadanía". "Es toda una anomalía democrática que merece no solo la reprobación moral, sino también que las autoridades adopten las medidas necesarias para impedir que se consume", observó el secretario de memoria histórica socialista, Fernando Martínez, al tiempo que expresó su temor por que Meirás "se convierta en un lugar de peregrinaje y de exaltación de la dictadura y el fascismo".
En la misma línea, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña pidió al Gobierno la "ilegalización" del organismo que reivindica la figura del dictador amparándose en la "ley de fundaciones y en el Código Penal, en los referente a los supuestos delitos de odio".
¿EXISTE ILEGALIDAD? Más allá de que estas reivindicaciones estén fundamentadas o no, lo cierto es que desalojar de Meirás al organismo que lo gestiona no es viable a día de hoy, pues Carmen Franco —única hija del dictador y Carmen Polo— es la legítima titular del inmueble y como tal puede delegar su gestión en cualquier entidad a la que ampare el paraguas de la legalidad. Y entre ellas se encuentra la Fundación Francisco Franco, salvo que la ley dictamine lo contrario.
Esta realidad es la que este miércoles hizo ver a la oposición el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien recordó que la gestión del pazo se enmarca dentro de la legalidad, toda vez que aseguró que el Gobierno gallego "estará pendente" de que la fundación "teña un comportamento democrático na súa relación co pazo". Ante cualquier irregularidad, como la presencia de trípticos o símbolos que ensalcen la figura del dictador, la Xunta "abrirá un expediente sancionador, como sucedeu cando os Franco incumpriron o réxime de apertura ao público", recordó Rueda. También la Diputación de A Coruña comunicó que enviará a técnicos para vigilar si en el pazo se registran actuaciones que vulneren la ley.
Así las cosas, las opciones de que la Fundación Francisco Franco abandone la gestión de Meirás pasan por que se demuestre que realizan apología del franquismo en el inmueble, ya que una hipotética ilegalización del organismo se antoja improbable después de cuatro décadas activo e incluso haber sido subvencionado por el gobierno de José María Aznar.
¿DEVOLUCIÓN AL PUEBLO? En caso de que la fundación fuese desalojada del pazo, este volvería a ser gestionado directamente por la familia Franco, una situación a la que se oponen todos los grupos políticos del Parlamento a excepción del PP y, sobre todo, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que el pasado junio creó un grupo de trabajo junto a otros órganos como la Iniciativa Galega pola Memoria, la Real Academia Galega o la Universidad de A Coruña para traspasar la titularidad de Meirás al concello de Sada, en lo que definen como una "devolución del pazo al pueblo".
Y es que el palacete, que perteneció a la intelectual Emilia Pardo Bazán, fue donado al dictador en 1938 por la Diputación de A Coruña, ya en manos de las autoridades franquistas, en lo que es considerado un "expolio" por la oposición en el Parlamento y parte de la sociedad gallega.
El pazo sirvió como residencia veraniega del dictador durante casi cuarenta años y posteriormente quedó en manos de sus herederos, quienes hicieron del pazo un fortín hasta que en 2011 la Justicia los obligó a abrirlo al público, algo a lo que siempre se mostraron reticentes. Ahora, parece que lo hará la Fundación Francisco Franco, a la que no se le puede negar que Meirás está siendo más publicitado que nunca, aunque en el ojo del huracán.
