El naval ferrolano respalda a Pintos para evitar su ingreso en la cárcel

El Comité de Empresa de Navantia Ferrol ha mostrado hoy su solidaridad con el viceportavoz de la CIG en Ferrolterra, Xesús Anxo López Pintos, para quien la Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel, además de una multa, por unos altercados en los que el sindicalista resultó herido en una carga policial cuando protestaban para pedir carga de trabajo para Navantia.

En un comunicado, el Comité da cuenta del respaldo del naval ferrolano al líder de la CIG, que fue aprobado en la asamblea celebrada el pasado viernes 26 en el astillero de Esteiro.

Considera, el Comité, que Pintos es un compañero que "está siendo objeto de persecución por su actividad sindical".

Señalan que el acto donde se produjeron los altercados, fue "absolutamente pacífico y convocado, entre otros colectivos, por el Comité de Empresa".

"Esta petición de la fiscalía responde, única y exclusivamente, a una política de este Gobierno de intentar amedrentar a los participantes en las movilizaciones contra sus políticas por medio de sanciones injustas y ejemplarizantes", terminan.

Piden al PP que desista en las acciones judiciales que ha emprendido y que se retire "como acusación particular" en el proceso.

Los hechos a los que se refieren ocurrieron la noche del 4 al 5 de octubre delante del hotel Almirante donde el PP ferrolano celebraba la pegada de carteles del inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 2012.

Un grupo de personas, unos 300, entre los que se encontraba Pintos, protestaron en la puerta del hotel.

Cuando el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Diputación, Diego Calvo, salieron por la puerta trasera se produjo una carga policial en la que el líder de la CIG resultó herido y fue detenido.

El PP denunció los hechos en el juzgado por un posible delito electoral.

También en Consello del BNG comarcal se ha pronunciado por escrito en apoyo a Pintos, que ya cuenta con el respaldo cerrado de los delegados de la CIG, contra "el intento de criminalización del sindicalismo nacionalista".

Consideran que la petición de la Fiscalía es un "esperpento" y recuerda que Pintos fue víctima de "una brutal carga policial y malos tratos por parte de la policía por la que presentó una denuncia".