La división en dos lotes de las 5.080 facturas que precisan de un reconocimiento extrajudicial de crédito para ser abonadas le sirvió al gobierno local de Lugo al menos para poder sacar adelante este jueves el pago del paquete por importe de 1,8 millones de euros. Sin embargo, el lote en el que se incluían recibos por 519.000 euros a empresas sin contrato o organizaciones como la Protectora de Animales quedaron bloqueadas de nuevo por los votos del PP, mientras que Ace-EU decidió este vez sumarse a los partidos de la oposición que se abstuvieron.
El grupo del PP, en cuyo seno volvieron a surgir discrepancias sobre este asunto, había solicitado la división en cuatro lotes de las facturas para poder facilitar el pago también de recibos de empresas o entidades como la Protectora donde se esté en proceso de adjudicación de los servicios que prestan.
El debate se desarrolló además mientras en el exterior del consistorio se concentraba un grupo de funcionarios que demandan la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo. Este jueves estaba también convocada otra protesta de empleados contrarios a la propuesta de RPT del gobierno.
La concejala de Economía, Ana Prieto, recordó a los grupos de la oposición, muy críticos todos con la gestión municipal, que el voto favorable no les hacía incurrir en "ninguna responsabilidad", dado que su apoyo sólo sirve "para habilitar crédito", porque "la responsabilidad de levantar los reparos de Intervención" para pagar a empresas sin contrato recae en la propia alcaldesa.
Por su parte, la alcaldesa, Lara Méndez, reconoció que el gobierno local va "más lento" de lo que le gustaría a la hora de poner al día los contratos caducados, que afectan a servicios tan importantes como la gestión del ciclo del agua, la grúa municipal, o la limpieza y recogida de basura.
"Asumimos nuestra parte de culpa", dijo Lara Méndez, quien en respuesta a las críticas de la oposición afirmó que su intención no es institucionalizar "este procedimiento excepcional como una práctica habitual".
