La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la admisión a trámite por parte de la Sala Civil del alto tribunal de las dos demandas de paternidad presentadas ante esta sede judicial contra el Rey Don Juan Carlos. Una de ella correspondiente a la ciudadana belga Ingrid Sartiau y otra procedente del español Alert Solá Jiménez. En este último caso, la demanda en cuestión llegó al alto tribunal procedente de la Audiencia de Madrid, que elevó el asunto al Supremo después de que a mediados de julio pasado entrara en vigor la ley que regula el aforamiento del monarca saliente.
La Sala de lo Civil del Supremo solicitó informe al fiscal acerca de su competencia sobre el asunto, a lo que el fiscal respondió afirmativamente, y preguntó después sobre si procede admitir a trámite las demandas en función del fondo de las dos reclamaciones, a lo que el fiscal en esta ocasión ha respondido negativamente. Ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre la admisión teniendo en cuenta también las alegaciones de los demandantes.
En cuanto a la competencia del Supremo, el Rey Juan Carlos es aforado ante el alto tribunal desde el pasado mes de julio, cuando el Parlamento aprobó la reforma legal para incluir entre los aforados -que solo pueden ser juzgados por este tribunal- al Rey Juan Carlos y a la Reina Sofía, además de la Reina Letizia y Princesa de Asturias.
El recurrente español, Solá Jiménez, defendía que el Rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Solá, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva.
La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que iba a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español.
