Del traspaso de la autopista a su gratuidad hay un trecho, y Galicia se ha quedado a la mitad
UN EXTREMEÑO muy rojo, que dirían los castizos, guardián de las esencias para los históricos del socialismo en este país, logró romper el debate sobre la descentralización del Estado a golpe de llevar la contraria, algo muy suyo. Rodríguez Ibarra lo hizo desde Mérida y cuando más transferencias se pactaban entre Madrid y las comunidades autónomas, al abogar abiertamente por devolver competencias al Estado cuando la viabilidad o la lógica lo impusieran. Aquello sucedió a principios del 2000, que ya han pasado años, y muchos calificaron de excentricidad su planteamiento. En estos últimos años, Galicia no ha devuelto competencias, pero tampoco ha logrado ni una más. El casillero está a cero desde que Núñez Feijóo llegó a San Caetano, es cierto que con un techo competencial ya elevado. Y en esto se cruzó en nuestras vidas la AP-9. Otra vez.
Como un tótem identitario propio e irrenunciable de Galicia, la transferencia de la gran autopista de peaje ha vuelto a ser bandera de autogobierno. Sin embargo, es tal el embrollo político que rodea al futuro de la AP-9, con llamamientos alejados de cualquier matiz, que por momentos, muchos, transferencia de la titularidad de la autopista ha sido sinónimo de gratuidad. Directamente. El debate está más contaminado que la peor de nuestras rías.
Desde O Hórreo, todos los grupos parlamentarios se unieron en su día para pedir que la titularidad de la vía sea transferida a la Xunta. Lo han hecho reiteradamente. El objetivo, en otras palabras, es que Galicia, y no Madrid, sea dueña de la infraestructura. Nada más. Sin embargo, en este inicio de curso político, pronto saltaron grupos de la oposición que, atropelladamente, aludían al rescate de la concesión y, por supuesto, al sueño de su gratuidad. Y ese ha sido el cénit de la confusión, alimentando una falsa expectativa entre casi todos.
Con nuevo ministro en el cargo, recién aterrizado, no hemos conseguido lo que en su día lograron Cataluña y País Vasco con vías de pago que llegaban hasta sus fronteras internacionales
El de la Autopista del Atlántico es un debate tan loco que hasta Emilio Pérez Touriño, en su día al frente de la Xunta con el bipartito, llegó a presentar el proyecto de una autovía gratuita costeada por las arcas autonómicas, se entiende que con fondos europeos, que discurriría en paralelo a la autopista entre A Coruña y Vigo. Caña a la AP-9. La esencia misma del despropósito.
Galicia, es cierto, esta vez no se ha quedado ni a medio camino de la transferencia de la titularidad, porque sigue estando en Madrid. Con nuevo ministro en el cargo, recién aterrizado, no hemos conseguido lo que en su día lograron Cataluña y País Vasco con vías de pago que llegaban hasta sus fronteras internacionales, como la gallega. Sin embargo, se ha arañado una oportunidad. La de estar mucho más encima de la concesionaria, que es la que gestiona, nada menos que hasta 2048, la infraestructura. La supervisión conjunta de la vía, a través de una comisión bilateral que es inédita en España para este tipo de concesiones, nos acerca mucho más a Audasa, que es la empresa que, dirigida por gallegos, se encarga de todo: mantener firmes, cobrar peajes y subirlos, evitar atascos, realizar obras y ampliaciones... La Xunta podrá pasar de las palabras a los hechos con la nueva fórmula adoptada, que desde luego está muy lejos de esa añorada transferencia.
Otra oportunidad perdida para galleguizar la AP-9, al menos su concesionaria, la tuvieron en la punta de los dedos las difuntas cajas gallegas. Estar presente en su capital era, en teoría, otra forma de influir, y además cobrar jugosos dividendos. Hoy en día, Abanca, como heredera de ambas entidades, tiene casi un 24% de su capital. Se trata de Itínere, un grupo que tiene en Galicia su filón. Las concesiones gallegas suponen más del 60% de la cifra de negocio de Itínere, que el año pasado alcanzó los 259,7 millones. Entre Autoestradas de Galicia (A Coruña-Carballo) y la AP-9, aportaron 147,5 millones. La propietaria de Audasa encadenó en 2015 otro ejercicio en rojo tras perder más de 60 millones: la Autopista del Atlántico y la de A Coruña-Carballo son de las pocas concesiones rentables del grupo, otro motivo para cuidar la finca gallega.
A todo ello se une el proceso de venta de la matriz de Audasa, que cambiará en breve otra vez de manos. Lo hará por cuarta vez en ocho años. Ahí es nada. La rentabilidad de Audasa está fuera de toda duda, con una deuda que permanece invariable en el tiempo en unos 1.000 millones. Sus gestores se dedican, básicamente, a realizar emisiones de obligaciones para cubrir los vencimientos de las que se le vienen encima. Poco más. Un producto financiero apetecido por los fondos de inversión. Y así será hasta 2048, cuando vence la concesión, ampliada en su día por Aznar. ¿Seguiremos hablando hasta entonces del traspaso de la AP-9?
LAS CUENTAS DE 2017 Y LA PRUEBA DEL ALGODÓN
La pregunta recorre tertulias y agita los debates. ¿Son los presupuestos de la Xunta para 2017 expansivos, como clama el conselleiro de Facenda, o por el contrario son restrictivos y más de lo mismo, como indica al unísono la oposición? Pues en el término medio, en los grises, se puede encontrar la respuesta. Y quizá la pregunta debería formularse de otra manera: ¿Son lo suficientemente expansivos como requiere la economía gallega en un momento como el actual? De elástica lectura y maleable interpretación las cuentas para 2017 tienen la virtud de crecer en gasto por primer vez en muchos años, algo no debatible si se incorporan ahorros en el coste de la deuda pública, que dejan mayor margen todavía.
Pero, llegados a este punto, conviene dejar las grandes avenidas, en este caso, y recorrer veredas poco transitadas para descubir algunos claros. Por ejemplo, la política de apoyo empresarial. Dos son las pruebas del algodón en este caso. Sodiga, la sociedad de capital riesgo de la Xunta, prácticamente inactiva en cuanto a inversiones durante la crisis, vuelve de nuevo y proyecta regresar a la esencia de su actividad: entrar en el capita de empresas. Lo hará en 2017, con tres millones para tomas de participaciones, frente a los exiguos 500.000 euros presupuestados este año. Hay otro dato.
El Igape, su gestor, también destinará a la concesión de avales hasta 80 millones, según las cuentas del próximo año. ¿Mucho? ¿Poco? Si tenemos en cuenta que en 2015 fueron apenas 10 millones los que concedió en avales, ya tenemos la respuesta. Por tanto, en este aspecto, crítico para las empresas, habrá expansión. Algo es mucho.
