Los propietarios de los 60 niños del cementerio de Muxa que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegales en 2009 y que ahora obliga a derribar buscan la forma de intentar paralizar la orden de demolición. Esta deber ser llevada a cabo por el Concello de forma subsidiaria y, visto que el alto tribunal gallego le da un plazo de veinte días, ya está empezando a prepararse para ello.
El edil de urbanismo, Luis Álvarez, confía en que los propietarios hallen la manera de paralizar el proceso y de legalizar la ampliación del cementerio, un proyecto en el que, a instancias del Concello, ya habían empezado a trabajar en colaboración con el Obispado, pero que el TSXG rechazó.