LA CONVOCATORIA electoral deja en el tintero de las intenciones proyectos anunciados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez más allá de los enunciados en los presupuestos generales que tumbó el Congreso la semana pasada. Galicia no salía especialmente favorecida con aquellas cuentas que son ya historia, al caer la inversión, si se atiende a su territorialización, un 20%. Sin Ave y sin nada que compensase ese sobreesfuerzo inversor que toca a su fin, la comunidad gallega caía hasta el sexto escalón entre las comunidades que más pesan en las cuentas estatales, al recibir apenas un 6,2 %, cuando en 2018 se situaba en el 9,2 %. Pero sin presupuestos y con elecciones a la vista son multitud los asuntos de la agenda económica gallega que entran ahora en el limbo del desconcierto.
Para empezar, el destino de los 125 millones de euros de superávit con que cerró la Xunta las cuentas de 2018. Ser cumplidor puede salir caro si Núñez Feijóo no logra desbloquear ese gasto, que prevé destinar a educación y sanidad. El presidente gallego mantiene que le asiste la razón (la prórroga de los presupuestos estatales permite su ejecución, dice), pero no lo debe tener del todo claro cuando reclama a la vez una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el asunto y "autorizar" el gasto de esos 125 millones, superávit inédito en las cuentas autonómicas. Difícil ahora una cumbre del órgano encargado de coordinar la Hacienda estatal con las autonómicas.
Para seguir con este escenario ignoto que se abre con la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones el 28 de abril, ¿qué va a ser ahora de la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia tanto tiempo reclamada? A medio camino está el asunto, una vez que fue aprobada por el Congreso con la abstención de Ciudadanos. En manos de Fomento y la propia Xunta están las negociaciones para perfilar cómo va a ser el traspaso, un asunto espinoso por todas las compensaciones pactadas y firmadas con Audasa, la concesionaria. De entrada, Núñez Feijóo solicita que la autopista llegue con rebajas incorporadas y que el Estado asuma los próximos recargos de las tarifas, ese 1% de subida anual, y que lo haga vía presupuestos generales. Madrid no responde. Ni lo hará ahora. Toca esperar.
Continuamos en el laberinto. Y esta vez las incógnitas se cuentan por empleos. El adelanto electoral y, por consiguiente, la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo tiene como consecuencia inmediata que la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez se quede automáticamente en el cajón. Pero no es ese el principal problema que Galicia tiene por delante en términos de puestos de trabajo. Es, directamente, la energía.
Una de las mayores crisis que ha atravesado una industria en Galicia en los últimos años se encuentra en pleno tiempo de descuento. Se trata de Alcoa. La compañía ha apagado las cubas de electrolisis en la planta de A Coruña (unos 400 trajadores) a la espera de un inversor que busca ese mismo Gobierno que pronto estará en funciones. En junio, en plena resaca de los procesos electorales que se avecinan, llegará la solución final para Alcoa en A Coruña: o inversor o cierre y desmantelamiento. Como Alcoa, son varias las grandes empresas implantadas en Galicia e instaladas en el desconcierto por el marco energético pendiente, como puede ser Ferroatlántica, con un Ere de dos años para otros 400 trabajadores.
El Gobierno trabajaba en un nuevo marco que reconociese el estatuto del consumidor electrointensivo, una figura legal para abaratar la factura eléctrica de grandes empresas y, de paso, evitar toda esta oleada de despidos. El equipo de Sánchez aprobó en diciembre un decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria que incorporaba ese estatuto, pero se dio un plazo de seis meses para darle forma jurídica y pactarlo con el sector. Salvo sorpresa de última hora, en el limbo queda también el asunto. Y la planta de Alcoa.
¿Y las cinco fragatas que salvarán la situación de Navantia en la ría de Ferrol? Pues el Gobierno tenía sus plazos y el calendario tampoco pinta nada bien. Aprobado el gasto por el Consejo de Ministros en diciembre, estaba previsto que la orden de ejecución para la construcción de las fragatas F-110 se firmase el próximo mes de abril, mientras que el contrato definitivo se rubricaría el mes siguiente, en mayo. Nada encaja ahora, aunque todo indica que, gobierne quien gobierne a partir del 28 de abril, sacará adelante un proyecto vital para Ferrolterra.
El calendario marca en rojo una fecha. A votar. Pero con el anuncio de elecciones asuntos clave de la agenda económica gallega quedan poco menos que patas arriba.
La leche espera por otra oportunidad
PRISAS en el sector lácteo gallego. Y no es para menos. En abril entran en vigor los nuevos contratos que se están negociando actualmente entre industrias y productores y nada parece apuntar a incrementos en los precios que corresponderían a los de una potencia europea como es Galicia. Son precisamente las subidas que se están registrando en otros socios comunitarios las provocan nervios entre los patronos, que quieren cerrar ya los acuerdos con los ganaderos.
Los datos lo dicen todo. Galicia cerró 2018 con el precio de la leche más bajo de España. Los ganaderos gallegos percibieron 31,7 céntimos por litro, 1,3 céntimos por debajo de la media nacional. Galicia aumenta su producción, que ya es casi la mitad de toda la leche que se recoge en España, sigue con la pérdida de productores, ya sea por abandonos o por integraciones en grupos más organizados, y mira con envidia a otras comunidades, donde se pagan hasta cuatro céntimos más por litro.
En este contexto, un discreto conselleiro de Medio Rural, José González, anuncia un plan estratégico que vendría como agua de mayo para incrementar de una vez los precios y modernizar el sector, en manos de los dictados de la gran industria.
Sin embargo, ese plan, con el sistema de negociación de contratos, debería estar incardinado a otra reforma que quedará en el tintero. Y es la anunciada por el propio Gobierno de Sánchez hace nada. El sector pidió incluso una moratoria en las negociaciones de contratos hasta que entrase en vigor el nuevo decreto que preparaba el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda. Hasta en esto habrá que esperar.
