La propietaria de un piso ubicado en Lugo que denunció "extorsión" por dos personas que alquilaban viviendas y después exigían dinero para dejarlas espera que la Fiscalía o el juez "puedan tener los elementos necesarios para dictar una sentencia acorde con las lesiones emocionales, económicas y morales producidas".
A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, Carmen Aira, sindicalista de la CIG, agradece su actuación al fiscal jefe de Lugo, a su abogada, al subdelegado del Gobierno y a sus amigos por el apoyo.
A continuación, señala que se permite "considerar extorsión" los hechos denunciados y lamenta que ante ellos sintió "bastante abandono tanto legislativo como policial".
Desde su punto de vista, de hecho, "la ley no cubre situaciones como esta, donde la intención de los inquilinos es no pagar desde el primer momento y forzar elevadísimos consumos para presionar a los propietarios para que cedan a pagar las cantidades que exigen".
Aira hace un llamamiento a los vecinos de Lugo "que estuvieron en casos similares" para que "se sumen" a su denuncia. "La población no puede tener miedo a denunciar"
Ante una situación de la que "sin duda" fueron víctimas "muchas personas en Lugo", Aira avisa de que no descarta tomar "otras iniciativas" en busca de "garantías jurídicas".
Por último, hace un llamamiento a los vecinos de Lugo "que estuvieron en casos similares y que pagaron", para que "se sumen" a su denuncia. "La población no puede tener miedo a denunciar este tipo de situaciones", finaliza.
La Fiscalía de Lugo informó este martes de que ha impulsado una denuncia, presentada en el Juzgado número 2 de la ciudad, contra dos personas que alquilaban pisos y exigían dinero para abandonarlos después de no pagar la renta, realizar consumos abusivos de agua, luz u otros servicios.
El Ministerio Fiscal explicó que el modo de actuar de estas dos personas era, primero, adquirir la posición de inquilino mediante la firma de un contrato de alquiler ordinario. Posteriormente, valiéndose de esta condición, incumplían obligaciones como pagar las rentas o domiciliar los recibos.
Paralelamente, empezaban a realizar consumos abusivos que "demuestran un uso de la vivienda contrario a la buena fe contractual para buscar una posición de superioridad". Inmediatamente, utilizaban estos consumos para presionar al titular, al que le exigían alrededor de los 3.000 euros para abandonar la vivienda.
Las diligencias de investigación comenzaron a raíz de una denuncia presentada en febrero de 2008 por Carme Aira, propietaria de una vivienda ubicada en Lugo, que alquiló en el mes de octubre de 2017 a los dos denunciados.
Le exigieron 3.000 euros a cambio de abandonar el piso, que la denunciante decidió pagar en el mes de enero "presionada por la situación".
Su caso comenzó a finales de octubre, cuando una mujer contactó con ella para arrendar el piso en el barrio de A Cheda. En diciembre, cuando ya llevaban dos meses viviendo en el domicilio, no le pagaron las cuotas correspondientes, por lo que empezó a sospechar. Además, "hicieron un consumo exagerado de calefacción, de más de 400 euros mensuales".
La denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Lugo reclama que se cite a través de la Policía Judicial a los denunciados con carácter "inmediato" para que presten declaración en calidad de investigados.
Además, solicita que se requiera a los investigados para que, también con carácter inmediato, abandonen las viviendas ilícitamente ocupadas. El fiscal insiste en la urgencia de estas actuaciones para evitar "prejuicios mayores" a los propietarios.
