MIENTRAS LOS dos partidos de izquierda de la futura corporación se reparten la tarta del próximo gobierno local, los ciudadanos esperan por una estabilidad que puede servir para desatascar algunos de los grandes temas sobre los que debe asentarse el futuro de Lugo. Dos de ellos, la movilidad y el urbanismo, son los que seguramente más darán que hablar porque son los que marcan la evolución de las ciudades.
La movilidad urbana sufrió una transformación durante el último mandato que estuvo marcada por la eliminación del sistema Ora, que el gobierno socialista no supo o no quiso reemplazar, dejando que fueran los conductores quienes se autorregularan. La única ventaja del modelo sin zona azul es que algunos lucenses se dieron cuenta de que dejar el coche en casa es más rentable que rodar sin rumbo por las calles en busca de plaza libre, pero lo cierto es que todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para atajar la falta de aparcamiento.
Pero si para disuadir al ciudadano del uso del vehículo particular la lógica dice que se debe impulsar el transporte público, en Lugo tampoco se consiguió avanzar en cuatro años en este tema, a pesar de que entró en vigor un nuevo contrato que iba a reordenar líneas y aumentar frecuencias.
De hecho, hasta que no se consiga dar un cambio a un servicio que mantiene bajas cifras de ocupación, será muy difícil acometer otro de los grandes retos en movilidad que tendrá el nuevo gobierno, la peatonalización total del casco histórico y de la Ronda da Muralla.
El BNG avisa de que su primera medida en el gobierno sería cerrar al tráfico A Mosqueira, una decisión que ya tomó hace tres años la corporación pero que el gobierno socialista no se atrevió a aplicar. La siguiente fase sería el tramo entre las puertas de San Fernando y Bispo Odoario, para lo cual sería necesario convertir en unidireccional la Avenida da Coruña hasta A Milagrosa. Aun así, los nacionalistas se quieren dar ocho años de plazo para una peatonalización total de la Ronda que ahora mismo parece irreal.
Otro de los grandes frentes del nuevo gobierno local será el urbanismo, con un PXOM que se debe completar en la zona rural y que en la urbana seguramente no cambiará pese a la presión nacionalista, porque en su día fue consensuado por socialistas y populares.
Una nueva solución para O Garañón, no condicionada por elecciones y que sea lo menos lesiva para las arcas municipales, también estará sobre la mesa del nuevo gobierno, que debe jugar sus cartas buscando consenso con una oposición menos crispada de la que hubo en este mandato.
La recuperación de la arquitectura urbana en zonas susceptibles de gentrificación, como ocurre con el casco histórico, o en riesgo de marginalidad, como A Milagrosa o el barrio Feixoo, también debe ser una prioridad del nuevo gobierno, que tiene ahora en sus manos nuevas armas como la Lei de Rehabilitación de Galicia.
El personal que condiciona
Uno de los temas que no hacen ciudad pero sí condicionan los proyectos es la política de personal, cuya gestión que se ha demostrado fallida en los últimos mandatos. Los empleados públicos son la pieza clave en el engranaje que hace funcionar el motor municipal y gran parte de culpa de la ralentización de la marcha del Concello tienen que ver la importante reducción de efectivos y la frustrada negociación de la RPT.
Euroayudas para gastar
Las iniciativas municipales financiadas con ayudas captadas de la UE a través de los programas Edusi, Life o Smart City también estarán en la agenda del gobierno local. De momento, solo se inició una obra de saneamiento en O Carme y se acabó una plantación de árboles en As Gándaras, por lo que se espera que los grandes proyectos puedan ser ejecutados en el nuevo mandato, porque si no se perderá el dinero de Europa.
Competencias ya propias
Gran parte del gasto anual de los ayuntamientos se lo llevan las denominadas partidas sociales, que cada vez son más cuantiosas debido a que los entes municipales asumen competencias impropias que corresponden a la administración autonómica o central. La última asumida por el Concello fue la financiación de los comedores en colegios públicos, que supone un desembolso anual de 750.000 euros.
