"No somos la Policía; hicimos todo lo que se podía hacer"

Dos catedráticos estafan 600.000 euros con un falso anticancerígeno

Ambos docentes imparten clase en la universidad de las Illes Balears y quedaron en libertad con cargos junto con tres colaboradores
El laboratorio Lipopharma, desde el que se desarrollaba la actividad fraudulenta
photo_camera El laboratorio Lipopharma, desde el que se desarrollaba la actividad fraudulenta

La Policía Nacional ha detenido a dos catedráticos de la Universidad de las Illas Balears (UIB), Pablo Escribá y Xavier Busquets, y a tres colaboradores acusados de estafar más de 600.000 euros a enfermos y familiares con la venta de un falso medicamento contra el cáncer, el Minerval.

Según la Policía, se han acumulado una docena de denuncias de personas que han llegado a pagar hasta 25.600 euros por la medicina fraudulenta, que los detenidos fabricaban y dispensaban en instalaciones de la universidad pública balear.

«Los arrestados se valían de su condición de profesores universitarios» para dar credibilidad a la supuesta eficacia de un producto que elaboraban en la UIB, donde formaban parte de un laboratorio que había creado una fundación que comercializaba ilegalmente su supuesto descubrimiento.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma y de la Fiscalía, que hasta el momento han cuantificado la estafa en 611.000 euros.

Aunque la información se hizo pública el martes, las detenciones se llevaron a cabo la semana pasada. El jueves los detenidos prestaron declaración ante el juez y quedaron en libertad con cargos.

Uno de los dos catedráticos de la UIB había creado una fundación sin ánimo de lucro a través de la que canalizaba la venta del producto en forma de donaciones voluntarias de familiares para promover la investigación.

El otro catedrático no estaba vinculado formalmente a esta fundación, pero sí al desarrollo del medicamento que vendían como terapia contra el cáncer. Los otros tres detenidos son dos trabajadores de la citada fundación y la gestora económica. Todos los afectados a los que la Policía ha tomado testimonio creían que estaban pagando por un medicamento que les ayudaba a curar el cáncer.

«Dicha sustancia está registrada por una empresa ‘spin off’» de la UIB, subrayan los investigadores policiales, que añaden que la falsa medicina carece del permiso preceptivo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

«La investigación de este producto, el envasado y su remisión para la venta a diferentes lugares de España se realizaba en dependencias universitarias», a donde acudían a recogerlo algunos de los estafados.

Los presuntos estafadores llevaron a cabo campañas publicitarias «en las que ensalzaban su milagroso producto anticancerígeno» y solicitaban fondos para su investigación a través de las redes sociales, unas acciones que les instó a suspender la Dirección General de Farmacia del Govern balear.

La Policía ha constatado que los detenidos habían iniciado las acciones para vender su falso medicamento como remedio contra el alzhéimer.

La Universtat de las Illes Balears (UIB) trasladó hace un año a la Fiscalía una denuncia que ratificaba los «rumores» que la dirección de la institución educativa conocía desde 2011, según los cuales dos catedráticos vendían a través de la empresa Lipopharma un fármaco que prometía curar el cáncer.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaume Carot, explicó que la universidad supo hace cinco años que había rumores según los cuales enfermos de cáncer acudían a las instalaciones donde se había sintetizado el principio activo del Minerval y pagaban por la medicina.

RUMORES EN 2015. Los responsables de la UIB intentaron confirmar estos «rumores» sin éxito, hasta que en julio de 2015 la dirección del servicio de Oncología del hospital Son Espases les transmitió la misma información y les citó a una reunión en la que un afectado iba a darles un testimonio directo.

Esa víctima se retractó, por lo que el consejo de dirección universitario continuó sin actuar contra los dos catdráticos. Sí lo hizo cuando en abril de 2016 la presidenta del Consejo Social universitario, Francesca Mas, recibió una carta firmada por dos directores de distintos centros de investigación, que recogía a su vez la misma denuncia, por parte de la directora de Oncología del hospital de referencia, de comercialización fraudulenta.

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