LUGO. El concejal de personal, Daniel Piñeiro, descartó el jueves durante el pleno municipal que esté paralizada la tramitación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque admitió que el cese de la directora xeral de recursos humanos y la baja médica de la jefa de personal han ralentizado el proceso. De hecho, según pudo saber este periódico, el gobierno local prevé nombrar en unos días un nuevo director de recursos humanos para reimpulsar la RPT, un cargo para el que ya ha sido elegido un funcionario de otra provincia gallega.
El ejecutivo trataría con este nombramiento de reactivar una de las cuestiones que más polémica han generado en los últimos meses entre los trabajadores del Concello, con protestas a favor y en contra del documento negociado por el gobierno con la junta de personal. Además, buscaría agilizar procedimientos como las Ofertas Públicas de Empleo (Ope), que, según algunos grupos de la oposición, podrían estar en riesgo tras una sentencia del juzgado de lo Contencioso 2 de Lugo en la que se estima un recurso contra los presupuestos municipales de 2016, por el desajuste entre la plantilla y la relación de puestos.
Piñeiro, que había sido interpelado en el pleno por el PP sobre varias cuestiones relacionadas con la política de personal, también descartó que estén paralizadas las Ope de 2016 y 2017 al recordar que han sido publicados en el BOP y el DOG, a la vez que descartó que les afecte la sentencia, ya que no es firme.
RECURSO ANTE EL TSXG. Este fallo judicial también centró el debate de una moción de urgencia presentada por C's y que fue aprobada en la que se pedían explicaciones sobre sus repercusiones en el presupuesto de 2018 y en la que, por primera vez en el mandato, la alcaldesa Lara Méndez actuó de portavoz del gobierno. La regidora explicó que la sentencia posiblemente será recurrida ante el TSXG, aunque anunció que en cuanto la asesoría jurídica informe sobre si es viable el recurso convocará a los portavoces municipales. En todo caso, Méndez aprovechó para acusar a C's de tratar de «dar unha visión sesgada» de la sentencia, al decir que se anulaban las inversiones, y consideró que en la misma solo se apunta un desajuste que se corregirá con la nueva RPT, así como el hecho de que sea la intervención municipal y no una oficina presupuestaria la que elabore las cuentas.
