La diócesis de Mondoñedo- Ferrol está trabajando estos días en la revisión de los bienes que figuran entre sus propiedades en la comarca y que aparecen como inmatriculados en el listado de 34.961 de toda España que el Consejo de Ministros remitió al Congreso esta semana. Se trata de propiedades que fueron registradas por primera vez a nombre de la Iglesia de forma legal a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar en 1998. En la comarca de A Mariña figuran en el listado 26 propiedades en los municipios de Foz, A Pontenova, Mondoñedo, O Valadouro, Lourenzá, Viveiro y O Vicedo. Según indicaron este viernes fuentes de la diócesis están procediendo a una exhaustiva revisión del listado, aunque de todas formas consideran que "no son muchos casos ni tienen demasiada relevancia". En estos primeros días ya han detectado, señalan, algunos errores por lo que deben contrastar todos los documentos.
La mayor parte de los bienes se corresponden con fincas rústicas, que según explicaron desde la diócesis acostumbran a corresponderse con fincas de concentraciones parcelarias, aunque también figuran algunas parcelas urbanas. De estas propiedades la mayoría cuentan con una certificación eclesiástica para constatar su titularidad, es decir, que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente habría sido posible hacer inmatriculaciones al amparo de la legalidad. En otros casos se acredita la propiedad con otro tipo de documentación.
En la relación de propiedades de la comarca llaman la atención cuatro pisos y un bajo en la urbanización Os Limoeiros en Foz. En este caso concreto, desde la diócesis precisan que, a falta de revisar a fondo la documentación, se trataría de un posible error puesto que estas propiedades derivan de una adjudicación de bienes al tener la Iglesia fincas en los terrenos en los que se levantaron los edificios, por lo que habría una escritura pública que acredite la titularidad y en el listado aparece que es una certificación eclesiástica la que se aporta para dar fe de la propiedad. En Foz también aparece una parcela rústica.
En el municipio de A Pontenova figuran tres fincas rústicas pertenecientes a la concentración parcelaria de la zona de Vilarmide acreditadas con certificación eclesiástica y en Mondoñedo cinco solares urbanos y cinco fincas rústicas —de prado y monte, y una con capilla— que también cuentan con la certificación eclesiástica como título aportado. Entre las propiedades acreditadas con la certificación eclesiástica también figura una parcela urbana en Lourenzá.
La mayoría de los casos son fincas rústicas, pero en la urbanización Os Limoeiros de Foz aparecen en la lista cuatro pisos y un bajo
El listado de bienes inmatriculados cuenta asimismo con una finca rústica de labradío en O Valadouro, con cuatro montes en distintos puntos de O Vicedo y con un solar en Viveiro. Para todos estos bienes el título que se aporta no es una certificación eclesiástica.
RECLAMACIONES. El informe que esta semana se ha presentado en el Congreso después de una larga tramitación es el primer paso para posibles reclamaciones si se comprueba que las inmatriculaciones se hicieron sin un título material y previo que justificara la titularidad sobre el bien.
En este sentido, desde la Conferencia Episcopal Española (CEE) ya han asegurado que la Iglesia está dispuesta a que se revisen las inmatriculaciones de inmuebles "si el derecho lo permite" porque "no quiere a su nombre nada que no sea suyo". El secretario general de la CEE, Luis Argüello, manifestó su agrado por "el reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la inmatriculación y recuerda que había dos años después de cada acto inmatriculador para que personas que se considerasen con mejor derecho pudieran reclamar la propiedad".
Por su parte, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia se mostró crítica con el informe porque considera "absolutamente contradictorio" que el texto indique que hay títulos detrás de las certificaciones de los bienes "cuando las inmatriculaciones han sido con una autocertificación diocesana, simplemente con la afirmación del obispo, sin aportar ningún título".
La Iglesia inscribió a su nombre en los registros de la propiedad bienes inmuebles desde que en 1946 la ley hipotecaria permitiera inmatricular cualquier parcela o edificio sin presentar documentación que acreditara su propiedad, únicamente con la firma del obispo. Hace tres años trascendió que entre 1998 y 2015 la Iglesia, por la polémica ley de Aznar, también inscribió miles de propiedades a su nombre.
