La Guardia Civil detuvo a dos vecinos de Santiago y Teo por supuestamente dar cobertura legal y facilitar documentación falsa a dos parientes que estaban fugados de la Justicia, uno de ellos Luis Ramón Montoya Jiménez, El Pichita, quien en 2012 no regresó tras un permiso a la prisión de A Lama, donde cumplía una condena de 16 años por el tiroteo ocurrido en O Carqueixo en junio 2005, en el que perdió la vida una persona y otras tres resultaron heridas, entre ellas un niño de 11 años.
Según informó este jueves el cuartel de Lugo, la investigación comenzó precisamente tras la detención el pasado julio en Vigo de Montoya Jiménez, al que le constaba un requerimiento de búsqueda, detención e ingreso en prisión al no haber respetado una autorización de salida de la cárcel de A Lama en 2012, donde estaba encerrado después de que la Audiencia Provincial de Lugo lo hallara culpable del homicidio hace trece años de Salvador Cortiñas Montoya, Sansón, familiar del entonces patriarca de O Carqueixo, así como de tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria. El tiroteo fue la consecuencia de las viejas rencillas que mantenían dos clanes gitanos. De hecho, después del violento suceso, los familiares de los autores del crimen tuvieron que huir de Lugo por temor a represalias.
Poco después de que cayera Montoya Jiménez en Vigo, fue detenido un pariente suyo, J.A.N., de 30 años, sobre el que pesaban cuatro requisitorias judiciales por otros asuntos, entre ellos una por un delito contra la seguridad vial.
La Guardia Civil investigó el entorno que les proporcionaba documentación para poder realizar gestiones a lo largo del país sin levantar sospechas, para lo que utilizaban también una furgoneta con matrícula portuguesa. Estos papeles eran propiedad de una tercera persona con un parecido físico razonable con Montoya Jiménez, y constataron que este los había empleado incluso estos para ser asistido de una dolencia coronaria en un hospital gallego, cuyo coste superó los 16.000 euros.
De esta forma, se procedió a la detención de los vecinos de Santiago y Teo —J.M.J., de 35 años, y A.B.C., de 46 años, respectivamente—como supuestos "cooperadores necesarios" en los delitos de falsedad de documento público, estafa y usurpación del estado civil. Ambos ya han sido puestos a disposición de la Justicia.
