La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción del municipio lugués de A Fonsagrada empezó este jueves a tomar declaraciones por el caso de las dos viviendas comunitarias (Burón I y Burón II) que fueron clausuradas por la Xunta el pasado 8 de abril, después de constatar las malas condiciones en las que vivían los 29 ancianos de estos centros. La causa se sigue por un posible delito de maltrato habitual continuado o, eventualmente, uno contra los derechos de los trabajadores.
Este jueves fueron citadas por el juzgado en calidad de investigadas cuatro trabajadoras y tres personas vinculadas con la dirección de la residencia privada de A Proba de Burón, concretamente la dueña, su marido y su hijo.
Según fuentes judicials, la jueza tomó la decisión de que todas prestasen declaración en calidad de investigadas para "una mejor garantía de sus derechos". También se tomó declaración, en calidad de testigos, a otros cuatro profesionales, no relacionados con el centro.
En la causa se investiga un posible delito de maltrato habitual y continuado y, eventualmente, un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por otra parte, el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, informó este jueves de que los cinco usuarios de las viviendas comunitarias Burón I y II clausuaradas, que son naturales de este municipio lucense, podrán seguir viviendo en el mismo, porque tienen plaza en la residencia de mayores que ha construido la Diputación de Lugo.
