Citan como investigada a la secretaria general del Ine en el caso Garañón

"A la vista de la actitud obstruccionista del Instituto Nacional del Estadística (Ine), que ha ocultado información relevante a este juzgado... cítese a Natividad Domínguez Calaveras y a Pilar Rocasalbas Vázquez para prestar declaración en calidad de investigadas por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación". Con esta contundencia está redactada la providencia en la que Pilar de Lara decide enfocar directamente hacia la cúpula madrileña del Ine sus sospechas sobre la compra del sanatorio Portela como sede el instituto público.

Natividad Domínguez figura en la estructura del Ine como secretaria general, mientras que Pilar Rocasalbas es jefa de área en la misma estructura. Ambas están citadas para el 19 de mayo, en lo que será la continuación del caso Garañón, uno de los asuntos que se llevó por delante la carrera política de José Ramón Gómez Besteiro -de hecho, solicitó ya hace meses la recusación de De Lara en este asunto, decisión pendiente de la Audiencia- y en el que también fue imputado el exalcalde José López Orozco.

En esa misma providencia, la magistrada explica que esa documentación que supuestamente le negó el Ine fue facilitada luego por Patrimonio del Estado, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Economía y Hacienda. En ella se basa para la citación de las dos directivas del Ine, además de en la declaración de otros dos testigos.

Uno de esos testigos, abogado del Estado que intervino en la compra-venta, explicó que él había puesto varios reparos al contrato, el fundamental de ellos que no estaba debidamente justificada la compra por adjudicación directa del edificio; dichos reparos, según dijo, se subsanaron, pero resulta que al final el contrato que se firmó fue el primero, no el que recogía las modificaciones.

Otro de los testigos citados por la jueza en su providencia es el delegado provincial del Ine, José Manuel Colmenero. Este habría indicado en su testimonio que un año antes de la compra definitiva del sanatorio Portela había recibido una oferta del que en ese momento era su propietario, por alrededor de 1,2 millones de euros. Él dio traslado al Ine de esta oferta, pero nunca llegó a recibir respuesta. Sin embargo, aproximadamente un año después de esto el Ine sí que dio su visto bueno a la compra del mismo edificio por 1,8 millones de euros.

Entre medio, el edificio había cambiado de manos y la empresa que se lo vendió al organismo público había pagado por el mismo los aludidos 1,2 millones. Dicha empresa, después de haber vendido a otro comprador parte del solar que rodeaba el sanatorio, consiguió que el Ine aceptara compra el resto como sede por 600.000 euros más de la oferta rechazada unos meses antes.

LA CASETA DE TELEFÓNICA. Por otro lado, la jueza también ha reclamado más información a la empresa redactora del Plan Xeral de Lugo. La magistrada quiere aclarar, entre otros extremos, quién y por qué acordó eliminar la edificabilidad que en principio dicho plan urbanístico iba a asignar a la antigua caseta de Telefónica, situada entre el sanatorio Portela y las polémicas torres de O Garañón, ahora paralizadas y origen de toda esta investigación judicial.