Protección de Datos ya inició un proceso contra la Xunta por el Minerva por causa de la operación Carioca

Un fallo de seguridad informático amenaza la instrucción judicial

El error en la aplicación Minerva, descubierto por Pilar de Lara, afecta a procesos penales de Lugo, A Coruña, Pontevedra y Vigo
Interior de los juzgados lucenses
photo_camera Interior de los juzgados lucenses

La jueza Pilar de Lara descubrió una brecha de seguridad en el funcionamiento de la aplicación informática judicial Minerva, que centraliza el trabajo judicial.

Según explican representantes de los trabajadores, cualquier juez, letrado de la administración de Justicia o funcionario "puede acceder no solo a los encabezamientos de los acontecimientos de todos y cada uno de los procesos penales en fase de instrucción sino también al contenido íntegro de todos los documentos, informes, escritos, resoluciones judiciales y declaraciones", tal como detalla el escrito que CSIF Justicia registró el viernes oficialmente, dirigido al director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia. En él señalan que este problema está afectando a los juzgados de instrucción de Lugo, A Coruña, Pontevedra y Vigo.

De Lara y el sindicato CSIF han denunciado por escrito la situación, que vulnera el secreto de la instrucción de los procesos penales


Además de dar acceso al contenido íntegro de cualquier proceso civil, este fallo permite otras operaciones como la modificación del contenido de las resoluciones y declaraciones o también la transformación del estado en que se encuentran, pasándolos de borrador a definitivo o viceversa. Tal como puntualiza Susana Santos, delegada de personal de CSIF, "la lectura de los datos parece que no deja rastro del funcionario que lo realiza, aunque se supone que las modificaciones sí reflejarían la identidad de quién las ha realizado".

"Lo habitual sería que solo se pudiera acceder de un modo abierto a los encabezamientos", aclara Santos, quien incide en que este fallo supone un "serio quebranto en el carácter secreto de la instrucción de los procesos penales, que por ley son secretos salvo para las partes de dicho proceso, pudiendo ser objeto de fácil filtración".

De acuerdo con el CSIF, la resolución del problema correspondería a la Xunta, que, dice, dispone del código fuente después de que le hubiera transferido las claves el titular, el Ministerio de Justicia. Sin embargo, fuentes de la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de la Xunta hacen una interpretación distinta y aseguran que pedirán "una información exhaustiva al ministerio", al tiempo que le reclamarán que implemente más medidas de seguridad.

Este problema llega una semana después de que el sistema de notificaciones LexNet hubiera sufrido un fallo por el cual cualquier usuario podía acceder a cualquier documento judicial colgado en esta plataforma digital.

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