Se cuela en casa de su ex a pesar de que no podía entrar en Lugo

El hombre, que fue acusado de maltrato y vulneró varias veces el alejamiento, padece un trastorno y el fiscal pide que ingrese en un centro

El ministerio fiscal solicita que un acusado de maltrato que padece un trastorno de la personalidad ingrese en un psiquiátrico, ya que se saltó varias veces la orden de alejamiento y llegó a colarse en el domicilio de su excompañera sentimental.

El ministerio público explica en su escrito de acusación que el 30 de diciembre de 2015, el juzgado dictó un auto que le prohibía acercarse o comunicarse con su expareja. El hombre se saltó varias veces la orden de alejamiento, por lo que el 19 de mayo de 2016 le comunicaron la prohibición de "entrar o permanecer" en la ciudad de Lugo.

A pesar de esta medida, el fiscal mantiene que sobre las once de la noche del 3 de agosto de 2016, el hombre acudió al domicilio de su exnovia, en la capital lucense, e intentó abrir la puerta con las llaves de la vivienda, ya que no se las había devuelto a la mujer y todavía las conservaba.

Al escuchar ruidos, un amigo de la chica, que se encontraba en el interior del domicilio, se acercó a la entrada y vio al acusado, quien supuestamente le dio un golpe en un brazo con un tubo metálico y le provocó un hematoma.

El ministerio fiscal explica que el acusado presenta un «trastorno paranoide de la personalidad», y que, "junto al consumo excesivo de alcohol", le provocaba en el momento de los hechos "una distorsión de la realidad, con importante afectación de sus capacidades intelectiva y volitiva".

CONDENA. Aun así, la Fiscalía considera que el acusado es autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro delito leve de lesiones, pero le aplica la eximente incompleta de trastorno psíquico.

De este modo, el ministerio público pide que se imponga al hombre la medida de seguridad de internamiento en un centro para que se someta a un tratamiento médico psiquiátrico, "por tiempo que no podrá exceder del límite de la pena privativa de libertad que a este efecto se señala, de once meses de prisión", matiza. El juicio por este caso se aplazó este martes por la huelga de funcionarios.