Escribía la semana pasada sobre el desconcierto en la que está sumida la sociedad española. Y está semana se acusa esa sensación.
El día de la comunidad catalana, la fiesta de Cataluña proporcionó en la pieza delirante en que consistió la intervención del señor Torra, que ocupa el despacho de la presidencia de la Generalidad, una aportación interesante al respecto, destaca en ella su exigencia al Gobierno español de un acto solemne «en el que el jefe de Estado y el jefe de Gobierno, públicamente, pidan disculpas por la persecución, detención y fusilamiento del presidente Companys y de todos los miles de catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las prisiones catalanas». Por cierto, si van hacia la independencia, según dicen, ¿por qué piden estas cosas, qué les importa lo que diga el Rey de España, y por qué iba a hacerlo el jefe del Estado? Un dislate todo, en el lío en que estamos inmersos.
Pero tuvo respuesta la disparatada reivindicación del señor Torra. La dio el Gobierno a través de la vicepresidenta Calvo, que es la que ejerce de ‘portavoza’ en estas cuestiones. Dijo la también significada abanderada del feminismo, que «cuesta trabajo el formato » que reclama el presidente catalán porque «en democracia no se resuelven las cosas así, sino con ley». Es por tanto en la nueva ley de Memoria Histórica «donde vamos a declarar nulos los juicios» que supusieron penas graves y fusilamientos, como el de Companys. «Eso sí es serio y propio de una democracia, lo otro, alharacas », ha rebatido. Esta nueva ley que se aprobará el martes anula las condenas y sanciones producidas por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» durante la guerra civil o la dictadura, incluyendo por tanto la del expresident de la Generalitat.
De modo que ante el agobio que aqueja a la sociedad española recetan más memoria histórica: ¡otra ley! ¿Cuántas van a promover? Si al menos Rajoy hubiera derogado la primera, como era su compromiso, ya ven, habría facilitado la labor.
Lo dicho por Torra según la señora Calvo tiene un problema de formato, «cuesta trabajo el formato», ha dicho con esa precisión terminológica tan enriquecedora para la opinión pública con la que obsequia cuando hace sus análisis. ¿Qué cuesta trabajo? «En democracia se resuelven las cosas con Ley». ¿Qué es eso, que quiso decir? Bueno, algo se deduce. Que hay cosas que resolver, y que el error de Torra es el formato.
Y para ello sopla en los clarines de su portavocía «institucional» —la vicepresidenta 1ª es la que se ocupa de las cuestiones institucionales, pues el presidente y el Gobierno deben creer que maneja muy bien ese ámbito— y remata: Es por tanto en la nueva ley de Memoria Histórica «donde vamos a declarar nulos los juicios» que supusieron penas graves y fusilamientos, como el de Companys. «Eso sí es serio y propio de una democracia, lo otro, alharacas».
Una cuestión se plantea al observador. ¿La memoria histórica es fundamentalmente la que se refiere a hechos de la guerra civil y del régimen de Franco? Si no es así lo parece. ¿Por qué no anulan también potenciando su memoria, las condenas de la Semana Trágica en Barcelona o las de la huelga revolucionaria de 1917, o las de la revolución de Asturias y los hechos de Cataluña de 1934? En algunos casos será porque se concedió la amnistía, pero en lo que se refiere al franquismo y a la guerra civil, también operan los efectos de la amnistía de 1977. Como dice la señora Calvo no entiendo el formato…; lo que ha sido amnistiado no se puede anular, porque la amnistía es más que una nulidad. Ya lo dije en la tribuna del Congreso en 2006. Pero no importa. El formato es seguir estimulando desencuentros y resentimientos, sí, ese parece el objetivo.
Tendrán que pasar página algún día y ocuparse de gobernar, y del futuro que nos acucia. Ya es hora, es tiempo de que trabajen por el futuro. Desespera todo lo que vamos viendo. Igual hay que esperar a que concluya esta errática legislatura. Se verá.
