El Ayuntamiento de Lugo estimó 47 reclamaciones por percances en las calles desde octubre de 2019, según un balance realizado ayer por el gobierno local, que defendió la eficacia de los servicios municipales a la hora de responder a la demandas de compensaciones realizadas por ciudadanos.
En octubre de 2019 se incorporó una nueva letrada a la asesoría jurídica municipal y desde entonces el servicio atendió 251 reclamaciones patrimoniales, de las que cerró 204. De ellas, tanto en vía administrativa como judicial, se aceptaron 47, lo que supone el 11'79% de las demandas planteadas, señaló el Concello.
Quedan 26 reclamaciones pendientes de resolución debido, según el gobierno, a la cantidad de pruebas e informes a realizar.
Después de que el PP denunciara varios casos de demoras de hasta tres años en la resolución de las reclamaciones vecinales, el gobierno local sostuvo que en ningún caso hay dejación en la tramitación, "como maliciosamente insinúa Ramón Carballo na procura de réditos propios".
El gobierno local califica, así, de "sesgado" el informe elaborado por el PP, en el que esa formación recoge varios casos de largas demoras en la tramitación de las indemnizaciones por percances en vías públicas.
El gobierno alega que aceleró las valoraciones de 2019 y que los casos abiertos se deben a la exigencia de informes
Así, el gobierno local dice que la media de 822 días para resolver reclamaciones denunciada por Ramón Carballo se calcula tomando como muestra "os casos máis anecdóticos nos que se detecta unha maior dilación":
Los cinco casos expuestos por el PP, que se acaban de resolver y tienen su origen en siniestros ocurridos en 2017, se prolongaron por la necesidad de solicitar informes a otros servicios, argumentó este miércoles el gobierno local.
El gobierno local censuró las críticas realizadas por el líder de la oposición municipal, al que achacó "un comportamento que, unha vez máis, pon de manifesto non só a falta de rigorosidade que define o labor desenvolvido polo principal grupo da oposición senón que ademais amosa un descoñecemento absoluto sobre as esixencias de cada un dos procedementos aos que aluden e, o que é peor, evidencia a súa falta de reparos en terxiversar os datos, aínda que sexa a costa de tratar de comprometer o traballo realizado polo persoal municipal".
