NO SE TRATA de azuzar el debate político ni de espolear un arma arrojadiza con fines partidistas. Ya lo saben hacer ellos. Consiste en reprobar gastos superfluos del Concello, partiendo de que el dinero de las arcas municipales no es propiedad del Ayuntamiento sino de los ciudadanos.
La polémica, ya saben, arranca de la invitación del gobierno local a un grupo de sindicalistas que iban de marcha a Madrid por las pensiones, sin que la cuantía (187,50 euros) minimice el desvarío, con independencia de que, al parecer, podría haber otros gestos de ‘generosidad’ de parecido corte. Ahora, el pleno vetó por fin la cuenta del convite. Porque, además, los sindicalistas pertenecen a organizaciones que están generosamente subvencionadas por el Estado, y ha de ser el propio sindicato el que asuma los gastos; en el caso de que algún cofrade colateral insista en sufragar francachelas por bríos patrioteros, que abra su cartera o que lo cargue al partido que lo sostiene.
Lo primero a que está obligado el Ayuntamiento, además de predicar transparencia, es cuidar al céntimo el destino del presupuesto para cosas útiles en bien de la comunidad y nunca quemarlo en fastos y fuegos de artificio.
