La Audiencia Provincial de Lugo ha admitido el recurso de las familias de las dos víctimas hace más de 25 años del conocido como doble crimen del Cash Record, ocurrido en el polígono industrial de O Ceao y que sigue sin resolución. La falta de resolución de este doble crimen ha llevado a la hermana de una de las víctimas a protagonizar una huelga de hambre para reavivar la investigación antes de que prescribiera a los 20 años.
Tras una sucesión de prórrogas, el juez encargado del caso, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo, decidió poner punto y final a las pesquisas, lo que llevó a las familias a pedir la intervención de la Audiencia Provincial de Lugo.
El 30 de abril de 1994, sobre las 19,00 horas, Isabel López halló los cadáveres de Elena, su hermana y cajera, y del reponedor Esteban Carballedo, que habían recibido varios balazos. En ese momento las investigaciones se centraron en un posible robo, al haber desaparecido sobre cinco millones de las antiguas pesetas (30.000 euros), de la recaudación del día.
La hermana de Elena, tras conocer que se admite el recurso, a la espera de saber si se estime o no, se ha mostrado convencida de que se trata de una "baza" que juega a "favor" de las dos familias. "Es algo a favor nuestro, que admitan el recurso o que la Fiscalía se pronuncie, que es lo que pedíamos porque como el juez dijo que no (seguía investigando), tenemos una pequeña esperanza de que admitan a declarar a las personas que teníamos previsto que lo hicieran", ha destacado.
DECLARACIONES. Asimismo, Isabel López ha precisado que el recurso se presentó después de "que el juez dijera que él ya no iba a investigar más y, a raíz de ello, el abogado había pedido para que se tomara declaración a varias personas". "Ahora al admitirlo la Fiscalía es como el sí para que esas personas vengan a declarar", ha interpretado.
Entre los que piden que se tome testimonio, se encuentran dos agentes de la Guardia Civil "a los que nombró (en otra declaración anterior) otro guardia". "Estamos muy interesados en que declaren porque ellos sí que saben algo", ha abundado.
Además, se emplaza en el recurso a que declare un hostelero que hoy en día reside en Burgos, y que en el momento de los hechos tenía un negocio en el casco viejo de Lugo. Las familias tienen claro que se trataba de un confidente policial. "A ver si dentro de esas declaraciones (las de los dos guardias civiles) puede que venga también el de Burgos, que para nosotros es el supuesto sospechoso", ha concluido esta mujer, que se hizo cargo de los dos hijos de su hermana hace 25 años, y que rechaza que se cierre la causa sin resolver.
