La primera fase del plan de transporte público por carretera de la Xunta de Galicia, que el martes adjudicó por 141 millones doce nuevos contratos que se suman a los 82 ya resueltos, queda ahora mismo pendiente de un único paquete: el de A Mariña Central y Oriental. Este polémico contrato, que ya llevó a las dos empresas interesadas, Arriva y Morán, a los juzgados, no pudo concretarse y está a la espera de nueva documentación, aunque podría dar un giro inesperado y volver a manos de Arriva, que lo había perdido en la adjudicación provisional del año 2017.
Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aseguraron que en principio era Morán el adjudicatario por entender que la oferta de Arriva incurría en una baja temeraria. Sin embargo, esta consideración habría sido modificada por el propio tribunal de contratación, lo que devolvería la concesión a la multinacional, hoy en manos alemanas.
Fuentes de Morán afirman que el proceso no está aún cerrado, aunque el contrato podría depender ya solo de los documentos de Arriva
Desde Morán optaban ayer por la prudencia y aseguraban que el proceso no estaba todavía cerrado, aunque algunas fuentes hablaban con más claridad de esta adjudicación a Arriba, que solo estaría pendiente de adjuntar la documentación que se le pide.
Este contrato tiene como buque insignia la línea de buses que cruza toda A Mariña desde Ribadeo a Viveiro, aunque también incluye algunas líneas escolares y otros servicios de bus transversales hacia el interior de la comarca. Desde que la Xunta empezó a diseñar su nuevo plan de transporte público por carretera, este siempre estuvo rodeado de polémica. De hecho, cuando se produjo en 2017 la adjudicación provisional del contrato -para cubrir año y medio y evitar así que se dejase de prestar el servicio-, Morán se hizo con el servicio, pero acabó con Arriva en los tribunales por un desacuerdo sobre el personal que tenía que asumir -por subrogación- la empresa mariñana, que acabó ganando el pleito.
Ahora, toda la primera fase del nuevo mapa de autobuses de Galicia, con un total de 85 contratos y casi 500 millones de inversión pública para un plazo de diez años, vuelve a estar bajo los focos con este polémico contrato.
