La Audiencia Provincial de Lugo acogerá a partir de este martes el juicio por la llamada operación Campeón, aunque la vista oral, si finalmente llega a celebrarse, será mucho menos larga de lo que en un principio se podía esperar, dado que doce de los trece acusados, entre ellos el empresario lucense Jorge Dorribo, han llegado a un acuerdo con el ministerio fiscal a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Uno de los investigados, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, rechazó una posible conformidad en la vista preliminar que se celebró en la Audiencia Provincial, pero no está descartado que pueda cerrar un acuerdo con la Fiscalía mañana mismo -24 de octubre-, antes del inicio de la vista oral, habida cuenta de que la Audiencia ha rechazado los motivos de nulidad que había invocado su defensa.
El empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de Nupel y epicentro de la investigación en la llamada Operación Campeón, ha aceptado penas de cárcel que suman casi seis años de reclusión y multas que acumuladas superan los 6,1 millón de euros en el transcurso de la vista preliminar a la celebración del juicio por esa macrocausa.
Jorge Dorribo ha aceptado las penas solicitadas por la Fiscalía en base a ese acuerdo de conformidad por varios delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.
Junto a Dorribo, su socio en Nupel, Arsenio Méndez, acumula las penas más altas, al aceptar casi dos años de cárcel y una multa de dos millones de euros por delitos contra la hacienda pública, contable e insolvencia punible.
Ha quedado absuelta la que era en el momento de los hechos juzgados directora de Financiación del Igape, Cristina Quintela, que abandonó la sala de vistas de la Audiencia Provincial visiblemente emocionada el pasado 26 de septiembre.
Otros dos altos cargos del Igape en el momento de los hechos, el ex director general Joaquín Varela y el que fuera director de Programas Carlos Silva, han liquidado su responsabilidad penal por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios con una multa económica -de 2.160 euros cada uno- y la suspensión de empleo y sueldo durante un año.
El ex diputado del Partido Popular Pablo Cobián aceptó una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, por un delito de tráfico de influencias.
El abogado José Luis Fiuza, que representa a Javier Rodríguez -de la empresa Proitec-, el único de los trece acusados que no aceptó llegar a un acuerdo con la Fiscalía, precisó que su cliente se siente "inocente" y está dispuesto a "defender su honestidad", de ahí que se haya negado a una conformidad con el ministerio público.
La Operación Campeón, que se dio a conocer a la opinión pública con varias detenciones en el año 2010, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, cuya titular era entonces Estela San José, para esclarecer supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a la empresa Nupel.
