Archivada la causa contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una nonagenaria

Los magistrados no han considerado acreditadas las coacciones

La Audiencia Provincial de Ourense ha acordado el archivo del caso de acoso inmobiliario por parte de la Xunta a una inquilina de 92 años que reside en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, de titularidad autonómica, y que denunció hostigamiento.

En la resolución facilitada por fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la sala ratifica el auto dictado por el juzgado de instrucción dos de Ourense y ha decretado su sobreseimiento provisional tras descartar un presunto delito de coacción inmobiliaria por el que fueron investigados dos altos cargos de la Xunta. 

El caso se inició a raíz de una querella del ex fiscal jefe Florentino Delgado en octubre de 2018 al entender que la secretaria xeral y el subdirector xeral do Patrimonio se habían extralimitado "en sus funciones públicas" y que en esas circunstancias "presionaron e intimidaron a los inquilinos" del número 1 de la Avenida Habana para que abandonaran el inmueble. 

Para la sala, resulta "un hecho incontrovertido" que en el marco del plan de racionalización del patrimonio público se pretendía que los inquilinos del inmueble lo desalojasen al objeto de destinar el edificio a usos administrativos. Sin embargo, no ha considerado acreditadas las coacciones y para ello se ha remitido a las notificaciones realizadas por los altos cargos de la Xunta y también ha aludido a la falta de quejas de otros inquilinos.

Para los magistrados, "no se alcanza a vislumbrar" cuál es el "contenido intimidatorio" de las sucesivas comunicaciones, tras advertir de que la primera no fue "atendida, y la segunda facilitando los números de teléfono del personal de la Xunta para negociar las condiciones de entrega. Además, ha recordado que no hubo quejas por parte de otros residentes. 

La Xunta había dado por extinto el contrato al entender que el arrendatario ya no ejercía "ningún cargo" en el momento en el que el patrimonio de las cámaras pasó al patrimonio autonómico. En cuanto a la falta de mantenimiento de los servicios comunes esenciales del edificio, limpieza y ascensor, concluye que "tampoco hay una mínima apariencia indiciaria" de que los investigados tuviesen conocimiento de la falta de este mantenimiento.

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