La juez que investiga los altercados entre la Policía y trabajadores de Alcoa frente al Congreso el pasado 28 de marzo ha archivado la causa que mantenía abierta contra tres diputados de Unidas Podemos, Rafa Mayoral y los gallegos Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino y la exdiputada confederal y de Galicia En Común Ángela Rodríguez, por un presunto delito de atentado contra la autoridad durante la protesta.
Según expone el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid archiva asimismo las actuaciones contra el secretario general de Industria de CC OO de Galicia, Víctor Ledo, y el manifestante también investigado Adrián Sánchez, en línea con la Fiscalía, que pedía cerrar el caso al no apreciar indicios de delito.
En este sentido, la instructora explica que no han quedado acreditados los hechos como constitutivos de una infracción penal de desobediencia, resistencia grave o atentado a agentes de la autoridad, si bien ordena dar traslado de las actuaciones a la Jefatura de Policía Nacional, por si incurriese en alguna de las faltas que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana.
La causa se abrió a partir de un atestado de la Brigada Provincial de Información de Madrid fechado el pasado 28 de marzo en el que los agentes que se encontraban de servicio en el entorno del vallado que limitaba el acceso al Congreso de los Diputados el día de la protesta relataban cómo algunos manifestantes arrojaron petardos hacía la línea de la Policía, intentaron quitar las vallas de contención y acceder al edificio.
En aquel atestado apuntaban que "llegó a existir por parte de alguno de ellos, luego identificados alguna agresión hacia los agentes", motivo por el que procedieron a la detención de Diego Sánchez Porto, que saldría después en libertad, y a la identificación de cuatro personas que se identificaron como diputados del GP Confederal de Unidos Podemos en común Podem En Marea "como participantes en arengar a los allí presentes, participar en la rotura del vallado y empujar a los policías que formaban el cordón".
DECLARACIÓN DE SEIS AGENTES Y DE INVESTIGADOS. Tras escuchar en declaración a seis de aquellos agentes de Policía, analizar el parte de lesiones presentado por dos de ellos, e interrogar a los investigados, la juez dice que "no puede sino concluirse que los hechos objeto de instrucción" que se atribuyen a los diputados y los dos manifestantes de Alcoa mencionados "no ostentan la gravedad necesaria para quedar incardinados en ninguna de las figuras penales" a la luz de la jurisprudencia.
Así, decide archivar las actuaciones, "no teniendo pues encaje los hechos denunciados en la figura penal del delito que nos ocupa a la vista de las manifestaciones de los propios agentes en la descripción de los hechos individuales; inconcretos, vagos, genéricos y sin entidad suficiente, que atribuyen a cada uno de los participantes identificados (...) y ello con independencia de la calificación que pudiera hacerse como falta administrativa" y teniendo en cuenta que no existe acusación porque Fiscalía tampoco ve delito
