Amnistía Internacional (AI) instó este jueves al Estado peruano a investigar la legalidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori en diciembre del año pasado, por decisión del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczysnki. La organización llamó al nuevo Gobierno de Martín Vizcarra a "conducir una investigación pública e independiente sobre la legalidad del indulto otorgado al expresidente, conforme al derecho internacional", según un comunicado de prensa.
"Es necesario que el presidente Vizcarra demuestre su compromiso con la justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado interno abordando de manera inmediata la demanda de las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos para que se investiguen las condiciones en que se otorgó el indulto a Alberto Fujimori", señaló Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
Estas declaraciones son difundidas este jueves con motivo de cumplirse 26 años del "autogolpe" del expresidente Fujimori, y por ser la fecha escogida por las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el exmandatario para recordar a sus familiares, según informó la organización.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado por la matanza de 25 personas en los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Kuczynski le otorgó el indulto humanitario el pasado 24 de diciembre, días después de que el legislador Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, y otros nueve congresistas lo salvaron de la destitución en el Legislativo.
Después de recibir mayores evidencias de los vínculos de Kuczynski con la empresa brasileña Odebrecht, el Congreso insistió una segunda vez en su destitución, lo que derivó en una grave crisis política alimentada por las denuncias de que Kenji Fujimori y otros congresistas ofrecían, a nombre del Gobierno, obras públicas, para rechazar la destitución del exmandatario.
Kuczynski presentó su renuncia al cargo después de la difusión de los vídeos que confirmaron estas denuncias y que involucraban también al exministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra y a su abogado Alfredo Borea. La Corte Interamericana dictó sentencia en 2001 sobre la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Barrios Altos, y cinco años después en el caso de La Cantuta, y ordenó la investigación y sanción de ambas matanzas.
A raíz de esos procesos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú procesó y sentenció a Fujimori en 2009 por los delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves en ambos casos, los cuales fueron consignados como delitos de lesa humanidad. La validez del indulto a Fujimori se encuentra a la fecha en evaluación por parte de la Corte Interamericana que, en las próximas semanas, deberá emitir una sentencia.
