La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reiterado este viernes su llamamiento a la "corresponsabilidad" a la dirección en España de la multinacional estadounidense Alcoa después de anunciar la intención de despedir a medio millar de trabajadores de la planta lucense de San Cibrao. La ministra señaló que hay una negociación abierta sobre esos planes de la empresa y ha advertido de que en los últimos años ha habido una inversión de 38 millones de euros en esa fábrica "con la condición de mantener el empleo". De seguir adelante con el despido colectivo, la multinacional podría tener que devolver esa cantidad, o al menor parte.
En una entrevista en la emisora privada Cope, Maroto insistió en que Alcoa no pretende cerrar la planta de Lugo, sino reducir la capacidad productiva de la planta de aluminio primario. En relación a las plantas de Avilés y Coruña, que Alcoa vendió a un fondo suizo y este a su vez a otra empresa, admitió de que hay gran preocupación por el futuro y dijo que están trabajando con todas las partes implicadas en la venta para conocer los detalles.
El Gobierno prevé retomar a la mayor brevedad posible el estatuto electrointensivo ante la situación de Alcoa
ESTATUTO. El Gobierno espera recuperar la tramitación del estatuto electrointensivo "a la mayor brevedad posible", una vez la evolución de la pandemia permita destinar los recursos y la capacidad necesaria, sobre todo para solucionar los despidos anunciados esta semana por Alcoa en Galicia. Así lo ha avanzado por su parte la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en el que ha admitido que al Ejecutivo le hubiera gustado contar ya con el estatuto aprobado.
Sin embargo, pese a que la norma ya estaba "muy avanzada", la llegada del Covid-19 al país interrumpió su tramitación el pasado mes de marzo, aunque ha señalado que el sector ya conoce las premisas sobre las que se está trabajando.
Montero ha manifestado que la decisión de la empresa se suma a los ajustes que ya venía realizando en los últimos años —en 2018 anunció el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés—, por lo que le ha pedido que reconsidere el despido colectivo, en línea con la petición trasladada por Reyes Maroto.
De hecho, la ministra portavoz ha defendido que el Gobierno esta trabajando "de forma muy intensa" para ayudar a este tipo de industria, que considera "muy importante" para el país, a través, no solo de ayudas al CO2, sino también con el llamado Plan Reindus y con el propio estatuto electrointensivo.
Montero ha añadido que el Gobierno está "en permanente contacto" con el sector industrial, no solo tras la decisión anunciada ahora por la multinacional estadounidense productora de aluminio, sino de forma previa y con la situación individual de cada una de las empresas que se han visto con problemas.
"Se está trabajando de forma intensa día a día, reiterando el compromiso desde que llegamos al Gobierno en la anterior legislatura y apoyando al tejido productivo y el que tiene que ver con Galicia", ha concluido la ministra.
