La reunión entre la dirección de Alcoa España y el comité de su factoría de San Cibrao, celebrada este jueves en Lugo, no registró ningún avance. Los representantes de la multinacional justificaron su postura sobre el cierre de la planta de aluminio y los 534 despidos en base a causas estructurales como un marco energético perjudicial y la sobreproducción en el mercado internacional, "que presiona los precios a la baja", señalaron fuentes de la empresa.
Los sindicatos, mientras, apelan a las negociaciones en la mesa multilateral, con presencia del Gobierno y la Xunta, y abogan por la intervención de la fábrica tras el silencio de los directivos ante las reiteradas preguntas sobre si Alcoa tenía interés en mantener la única planta de aluminio primario de España.
"La situación es insostenible a causa del aumento de la capacidad de producción de China en los últimos años, que alcanza el 60% del total mundial, y del precio de la energía eléctrica en España, que hace inviable la producción de aluminio primario", aseguró una portavoz de la firma aluminera.
La reunión parecía abocada al fracaso de antemano. La multinacional no modificó su posición y los sindicatos se negaron a hablar de despidos y defendieron que el conflicto debe solucionarse en la mesa multilateral creada en enero. El secretario general del Ministerio de Industria, Raül Blanco, la convocó para el martes próximo.
El presidente del comité, José Antonio Zan (Comisiones Obreras), subrayó que esta mesa "es el marco aceptado por las partes implicadas, que tienen capacidad para tomar las mejores decisiones para la fábrica, A Mariña y la provincia de Lugo".
En el mismo sentido se pronunció el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que asistió a la reunión como asesor. Carril precisó que las soluciones a los problemas de costes y sobreproducción apuntados por Alcoa deben estudiarse en una negociación en la que deben estar presentes dos actores fundamentales, como la Xunta y el Estado.
Zan apuntó que Alcoa "debe aclarar si quiere seguir o no" con el fin de evaluar posibles salidas. El silencio sobre la multinacional contrasta con la postura del secretario de Estado de Industria, Raül Blanco, que expresó a los sindicalistas la necesidad de que España siga fabricando aluminio. "No podemos renunciar a un sector esencial", recalcó Zan, a la vez que señaló que el cierre de la planta sancibrense repercutirá de forma negativa en las industrias de transformación de este metal, como las de Amorebieta y Sabiñánigo.
"O Gobierno entende que o aluminio é un sector fundamental e, polo tanto, debe buscar solucións", destacó el portavoz de UGT en el comité, Constantino Arias. Los sindicalistas entienden que la única salida viable es la intervención de la planta para asegurar el mantenimiento del empleo y del funcionamiento de las cubas de electrolisis, "que son el corazón de nuestra factoría". Por ello demandan el apoyo de las administraciones estatal y autonómica a esta petición.
El presidente del comité acusó a Alcoa de "actuar de mala fe", como si ya no la importase el precio de la electricidad, "pues habla de los precios energéticos cuando aún desconoce si el Gobierno aceptó las alegaciones de la empresa y de los sindicatos al estatuto electrointensivo".
Su aprobación no solo es vital para la fábrica de San Cibrao, que necesita también inversiones en otras infraestructuras, según Zan, sino para otras empresas del Noroeste español.
Xosé Paleo, de la CIG, lamentó el retraso en la aprobación del estatuto para grandes consumidores de energía. "O Goberno volveunos a dicir que se coñecerá nas próximas semanas e estamos cansos de agardar". El precio de la electricidad marca la diferente situación de la planta de San Cibrao y una en Noruega "en peores condicións e con salarios máis altos, pero non corre perigo polos baixos custos enerxéticos", comentó Paleo.
La legislación permite la participación pública para una posterior venta
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que se busca comprador para la planta de aluminio de San Cibrao, la hoja de ruta del comité de empresa de San Cibrao apunta a la necesidad inicial la intervención de la factoría a la espera de un comprador.
La legislación española y europea permiten la participación pública de una empresa en riesgo de forma transitoria. Esta adquisición, a precio de mercado, se haría a través de la Sepi (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Después se abriría un periodo para buscar inversores.
Un informe de la Universidade da Coruña, encargado por la CIG, avala la legalidad y viabilidad de la intervención pública. El trabajo, elaborado por Carlos Aymerich, se publicó en abril de 2019 con el fin de buscar soluciones a la factoría coruñesa de Alcoa y aplica el modelo seguido en la fábrica de Portovesme, en Cerdeña, clausurada por la multinacional en 2014, lo que motivó la intervención del Estado italiano, que la privatizó y quedó como accionista minoritario.
José Antonio Zan recordó que Felipe González nacionalizó en 1987 la antigua Alúmina, propiedad de Endasa y Alugasa, para crear Inespal. "Entendió que el sector del aluminio era estratégico, como lo fue para Italia o como lo declaró Alemania el año pasado", dijo.
La empresa elude hablar de una posible venta y convoca a los sindicalistas para el miércoles
Alcoa elude hablar de una posible venta y está centrada en el proceso de consulta con los representantes de los trabajadores, que están convocados a una nueva reunión para el miércoles próximo. Así se continúa el proceso informal iniciado el 28 de mayo, "que tiene el propósito de permitir que la compañía explique en detalle la complicada situación de la planta de aluminio y discutir alternativas y medidas", precisaron fuentes de la multinacional.
La planta prevé 54 millones de pérdidas para este año y acumularía 165 en los últimos tres ejercicios. La crisis de Alcoa afecta también a las empresas auxiliares. "O despedimento de 300 traballadores destas firmas non é un dano colateral, senón sustancial", indican desde la CIG.
En la reunión de este jueves estuvo, en calidad de asesor del comité, un representante sindical de las empresas auxiliares, adscrito a la central nacionalista.
