"Una carta puede salvar una vida". Y sigue siendo así en los tiempos de las redes sociales. Lo dice Carlos Fernández, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Lugo y veterano en la lucha por los derechos humanos.
Las cartas son un forma de presión a los gobiernos y aún impacta más una saca de correos llena que los emails, dice.
Fernández habla por experiencia. No en vano, el grupo de Amnistía Internacional de Lugo es hoy el más veterano de Galicia. Se creó en 1986. Él estuvo también en el primero formado en la comunidad, que nació en Santiago en 1982, aunque luego desapareció.
En aquel primer germen compostelano de la organización en Galicia estaban él y Belén Regueiro, hoy coordinadora de AI en Lugo. La semilla creció en la facultad de Derecho y la sembró una holandesa que daba clases de inglés. Una profesora escocesa y un fraile capuchino eran otros de los integrantes grupo pionero.
Carlos Fernández y Belén Regueiro acabaron la carrera y volvieron a Lugo. Una vez en la ciudad, impulsaron el grupo local de Amnistía Internacional, que ha sostenido luchas de años, algunas resueltas con éxito.
El historial de casos gestionados desde Lugo arrancó con la situación de varias familias saharauis desaparecidas. Tras años de gestiones se supo que algunos de aquellos saharauis habían muerto y otros permanecían en centros de detención.
Más tarde, los lucenses implicados en la defensa de los derechos humanos se embarcaron en el caso de unos presos de conciencia en Cuba. Los activistas lucenses elevaron el caso a Manuel Fraga, que iba a viajar a la isla, y los presos lograron la libertad gracias a la intervención de la Xunta,
Para los activistas lucenses un caso especialmente importante fue el de Antonio Puigjané, un religioso argentino por cuya libertad lucharon durante años.
AI de Lugo llegó a organizar manifestaciones en Madrid para reclamar la libertad de Puigjané, que este año cumple 90 años. El religioso logró finalmente la libertad y en 2006 visitó Lugo, donde fue recibido en el Ayuntamiento y por el obispo. «Fue el caso que más nos marcó hasta ahora», dice Carlos Fernández.
Ha habido, no obstante, bastantes más casos, como el de un preso de conciencia de Perú o el de Juan Almonte, un desaparecido en República Dominicana por el que se trabajó durante siete años.
Ahora, AI ha asumido un nuevo caso, el de la camboyana Tep Vanny, activista del derecho a la vivienda que lleva diez meses en prisión.
La organización conmemora este jueves los 40 años de su legalización en España. En Lugo, Amnistía cuenta hoy con 450 socios y hay 50 personas que trabajan en primera línea, explica Fernández, que al hacer balance dice que "hoy estamos mejor que hace 40 años, pero quizás peor que hace diez".
Cuando se legalizó Amnistía Internacional en España, el código militar aún contemplaba la pena de muerte y ETA mataba. Todo eso se superó, y se avanzó en temas como la lucha contra la violencia de género. Pero, sin embargo, en estos años se ha ido hacia atrás en temas como las libertades de expresión o manifestación, con leyes más represivas, opina.
