Un hombre de origen extranjero, con iniciales M.F.A.L., aceptó este lunes una condena de tres años de prisión por traficar con droga en Lugo y ser sorprendido cuando portaba cerca de 200 gramos de cocaína, que fueron tasados en algo más de 40.000 euros.
El ministerio fiscal explicó que la Policía Nacional abrió una investigación en el verano de 2019 tras tener conocimiento de que en la calle Salvador de Madariaga se estaba llevando a cabo la venta de droga a terceras personas. Los agentes montaron varios dispositivos de vigilancia y el día 9, alrededor de las cuatro de la tarde, interceptaron al acusado al sospechar que era la persona que distribuía la droga. Los investigadores identificaron al hombre —de origen extranjero y con residencia legal en España— y procedieron a su cacheo, en el que le incautaron «tres fragmentos» de una sustancia blanca, que resultó ser cocaína.
La Fiscalía pedía su expulsión del país, pero demostró que tiene arraigo familiar en España
Según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, los paquetes de droga que llevaba encima el hombre tenían, respectivamente, un peso de 41 gramos (con una pureza del 67%), 50 gramos (con una pureza del 76%) y 99 gramos (con una pureza del 75%). La cocaína que le fue intervenida por los agentes fue tasada pericialmente en las cantidades de 8.124 euros, 10.893 euros y 21.397 euros.
Asimismo, en el momento de su detención, los policías le intervinieron al presunto traficante un total de 736 euros en metálico, procedentes supuestamente de la venta ilícita de estupefacientes, y un teléfono móvil de la marca Samsung.
La Policía Nacional empezó a indagar tras conocer que había venta de drogas en la calle Salvador de Madariaga
Al día siguiente de su arresto, el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre, que fue acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud.
El ministerio público solicitó inicialmente para el acusado una condena de cinco años de prisión y pidió que la pena le fuera sustituida por la expulsión del territorio español durante diez años. Sin embargo, las partes llegaron este lunes a un acuerdo y la Fiscalía rebajó su petición a tres años de prisión. Además, reconoció que el acusado "tiene arraigo en España", donde vive con su madre y su pareja, por lo que no solicitó la expulsión.
