Hay quien cree que los empleados públicos son los que menos se tienen que quejar de los efectos de la llamada Gran Recesión que se inició hace ya una década en Estados Unidos y que cuando asoló España dejó un reguero de despidos, desahucios y pérdidas salariales.
Puede que por eso no tuvieran mucho eco los lamentos de los funcionarios cuando comenzaron a perder logros alcanzados durante años, como la jornada de 35 horas, una paga extra -aunque luego fue recuperada-, las bolsas sociales o las subidas salariales vinculadas al IPC, que llevaron a los sindicatos a calcular una pérdida del 30% en el poder adquisitivo. Y si los trabajadores del sector privado o los autónomos miraron para otro lado ante las protestas de los empleados públicos fue porque a ellos, por regla general, les fue peor.
Sin embargo, esa pérdida de ingresos en un sector tan importante para una ciudad de servicios como Lugo fue todo un mazazo para una economía sin apenas industria y afectada también por la crisis láctea.
De hecho, la provincia lucense contabilizaba el pasado año, según el Ministerio de Administraciones Públicas, unos 19.500 funcionarios, gran parte de los cuales residen en la capital , a pesar que de que algunos tengan su puesto de trabajo en otros ayuntamientos. La dependencia que sectores como el comercio o la hostelería tienen de estos empleados públicos solo hay que verla dando una vuelta por el entorno de los edificios oficiales a la llamada hora del café y fueron ellos, junto con los pensionistas, los que evitaron una debacle mayor de la sufrida por el sector terciario durante los años más difíciles. Quizá por eso muchos pequeños empresarios lucenses sí saben que cuando los funcionarios estornudan, ellos tienen que prepararse para pasar la gripe.
La mejora en los datos de ocupación de los últimos años, pese a tratarse de empleos precarios y con niveles salariales alejados de los años de bonanza, llevaron a los sindicatos de funcionarios echarse otra vez a la calle para reivindicar que si España vuelve a ir bien, como decía aquel inefable presidente, ellos también quieren su parte.
Policías y guardia civiles lograban hace días un acuerdo para equiparar salarios con agentes de cuerpos autonómicos, mientras que Montoro firmaba ayer un pacto con los sindicatos mayoritarios que incluye una subida salarial para los empleados públicos desde el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, así como mejoras laborales. De forma paralela, representantes de la Xunta y el comité de huelga del sector judicial gallego, que lleva un mes de huelga indefinida, se volvían a sentar a negociar un acuerdo para mejorar las retribuciones de estos funcionarios y, de lograrlo, tras ellos seguramente pedirán aumentos los de otros departamentos autonómicos.
El éxito de su lucha, aunque parezca interesada, será la de otros muchos lucenses, como el hostelero que ayer admitía: "Yo también soy funcionario. Vivo de ellos".
Daños colaterales
Las huelgas, como las emprendidas por los funcionarios de Xustiza, tendrán un efecto en sus nóminas, por los descuentos que sufrirán y que tardarán en recuperar aunque logren las subidas que demandan, pero también hay daños colaterales como los que apunta un pequeño empresario que se pregunta "¿quién defiende los derechos de los ciudadanos que en estas cinco semanas no hemos podido hacer trámites?".
Mayoría femenina
Las mujeres son en Lugo mayoría frente a los hombres en la función pública, ya que hay 11.500 empleadas públicas frente a 8.000 funcionarios. La mayor diferencia se da en la administración autonómica, con 8.400 mujeres frente a 3.600 hombres, debido a la mayor presencia femenina en ámbitos como la sanidad o la educación. Mientras, en la administración del Estado y en la Universidad hay mayoría masculina.
Sin pleno en marzo
La corporación no celebrará sesión plenaria en marzo debido a que el último jueves del mes es festivo y ya no da tiempo a celebrar las comisiones y reuniones de portavoces de cara a programarlo para el jueves 22. Por ello, el gobierno local decidió trasladar esta sesión para el lunes 2 de abril, un mes en el que habrá hasta tres plenos, ya que además del ordinario de ese mes habrá otro extraordinario por los presupuestos.
