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El próximo que pague

El futuro gobierno local podría tener que afrontar indemnizaciones millonarias a empresas

El Garañón será el gran 'muerto' que se encontrará el futuro gobierno. XESÚS PONTE
El Garañón será el gran 'muerto' que se encontrará el futuro gobierno. XESÚS PONTE

EL DINERO PÚBLICO es de todos y de nadie y quizá por ello a los gobernantes no les duele tirar de chequera a la hora de hacer un gasto protocolario o de encargar una obra inútil. Tampoco parece que importe mucho que una decisión mal calculada tanto por los técnicos como por los políticos acabe generando una responsabilidad patrimonial a la administración que puede dejar temblando las arcas públicas.

A nivel estatal tenemos como ejemplo reciente el caso Cástor, un almacén gasista submarino en Castellón que el Gobierno cerró en 2014 por los seísmos que provocaba y que derivó en una indemnización de 1.350 millones de euros al consorcio privado que lo promovió. Luego están las nueve autopistas rescatadas por el Estado por unos 1.800 millones para gestionarlas a sabiendas de que son un negocio ruinoso y lo próximo pueden ser las compensaciones a las empresas de VTC por las limitaciones que se les empiezan a poner en grandes ciudades.

Los ayuntamientos también tienen sus propios ‘muertos’ a cuenta de decisiones que acabaron en los tribunales y provocaron sentencias que obligaron a compensar a empresas y particulares. El Concello de Lugo ya padeció alguno de estos fallos judiciales por haber dado licencias que no se ajustaban a la norma, como ocurrió con un pub que se autorizó en una de las torres de Horta do Seminario contraviniendo la ordenanza municipal y que derivó en una indemnización de 105.000 euros al propietario del local, que tuvo que cerrarlo. O como pasó con un edificio de Montero Ríos en el que hubo que demoler el bajo cubierta para poder legalizarlo, con un coste para el Ayuntamiento de más de 120.000 euros. Este último permiso había sido concedido por un gobierno del PP y heredó el problema otro del PSOE, el mismo que también dejó abierto otro asunto que puede acabar por hipotecar las arcas municipales durante años, la urbanización de O Garañón.

La empresa promotora de las torres paralizadas reclama más de 26 millones de euros y, aunque una negociación podría rebajar el coste para el Ayuntamiento por haber dado unas licencias sin el visto bueno de otras administraciones, el caso es que el futuro gobierno que salga de las elecciones de mayo tendrá que dar una solución a un problema en el que sigue sin haber consenso político.

No será la única herencia envenenada a la que además no hay posibilidad de renunciar. La petición de 2,8 millones de indemnización que acaba de trasladar al juzgado la firma concesionaria de la explotación de la fábrica de la luz también estará sobre la mesa de quien vaya a ocupar la alcaldía.

Eso sí, a veces los tribunales le evitan a la administración compensaciones millonarias, como los 3,5 millones que reclamaban los propietarios de la antigua caseta de Telefónica junto al Parque por las restricciones a la edificabilidad en la finca. El futuro gobierno deberá confiar en tener fallos similares o su capacidad de inversión quedará reducida a la mínima expresión.

Un párking a rescatar
El PP planteó en el último pleno una iniciativa que, de llevarse a cabo, podría generar otro problema financiero al Concello. La concesionaria del párking público de Viana do Castelo debe diez anualidades del canon y los populares plantean la rescisión del contrato. El problema es si con esta decisión el Ayuntamiento acabará quedándose con un párking poco usado, una hipoteca pendiente y quizá pagando una indemnización.

Apuesta por el compostaje
Urbaser, la empresa que todavía gestiona con el contrato caducado la recogida de basura en la ciudad, se adjudicó hace años una planta de compostaje en Lugo que nunca se llegó a ejecutar. El nuevo contrato de este servicio municipal apostará por ese modelo de gestión de residuos y algunos grupos político ya se preguntan si la empresa tendrá algún derecho adquirido en caso de que se recupere la idea de la hacer la planta.

El SAE y el Corre con Nós
El gobierno volvió a argumentar en el pleno que no puede reorganizar las líneas de transporte urbano mientras no se actualice el SAE, un programa para geolocalizar cada bus y que informa en tiempo real de su recorrido. El BNG recordó en el debate que en la actualidad resulta sencillo saber al instante dónde está una persona si tiene activado su ubicación en el móvil o los tiempos de un atleta en el Corre con Nós.
 

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