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Desmantelando la casa

El cierre de servicios públicos en la España vacía demuestra que no se busca una solución
Oficinas del servicio 112, que fueron trasladadas desde Santiago hasta A Estrada. AEP
Oficinas del servicio 112, que fueron trasladadas desde Santiago hasta A Estrada. AEP

LA COMISARÍA DE LA Policía Nacional de Lugo se quedará en 2021 sin el servicio de atención telefónica del 091, que pasará a ser gestionado desde A Coruña. Se argumenta que ahora quien responde a las llamadas es un agente que podría estar reforzando el servicio en la calle y, mientras tanto, el telefonista coruñés puede atender a las llamadas de ambas ciudades.

A primera vista, parece lógico que el Ministerio de Interior trate de optimizar recursos y mantener ocupados a sus empleados, sobre todo cuando es evidente la escasez de la plantilla en comisarías modestas como la lucense. El problema es que cuando se trata de centralizar servicios, quien sale perdiendo siempre es el pequeño porque, del mismo modo que se podrán atender desde A Coruña las llamadas de Lugo, también un agente lucense podría responder a las alertas herculinas. Algo similar ocurre con las UPR (Unidades de Prevención y Reacción), que se encargan de reforzar la seguridad en grandes concentraciones allá donde se registren. Lugo carece de UPR y, sin embargo, cada vez que hay un evento deportivo de alto riesgo en la provincia, se tienen que desplazar los agentes desde A Coruña, cuando esa unidad bien podría tener su sede en la ciudad amurallada.

Se trata solo de dos ejemplos de cómo desde las administraciones no se atisba voluntad alguna de tratar de frenar el declive demográfico de la llamada España vacía, más allá de anunciar planes de actuación que se quedan sobre el papel. Porque si hay una posibilidad de gestionar servicios de varias provincias desde un único centro, una medida que podría ayudar a frenar la despoblación sería ubicar esas instalaciones y ese personal en la localidad con más problemas demográficos.

Y es que la descentralización administrativa que generó el Estado de las autonomías solo ha servido para crear un nuevo centralismo en las capitales de las comunidades, que sirven de polo de atracción a esa población que abandona la zona rural o a los jóvenes universitarios que buscan oportunidades en los centros de decisión.

Los movimientos ciudadanos surgidos en provincias con serios problemas de despoblación como Teruel o Soria han llevado a otros colectivos a formar plataformas similares para reivindicar que hay vida lejos de las grandes metrópolis, pero que para ello necesitan unos servicios en pie de igualdad con los del resto de españoles. Galicia Baleira es uno de esos movimientos que acaba de surgir de la mano de las federaciones vecinales de Lugo y Ourense y que, entre las medidas que plantea, figuran precisamente la deslocalización de Santiago de algunos departamentos como ya se hizo, por ejemplo, con el Centro de Emerxencias del 112, que ahora está en A Estrada. El Instituto Galego de Estatística, el IGVS o tantos otros entes también podrían ser repartidos por diferentes localidades de la Galicia interior donde la caída de población se ha intensificado, pero que todavía conservan servicios públicos como hospitales comarcales, juzgados o comisarías que, si continúa la sangría poblacional, verán esfumarse sin remedio.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
Los departamentos que consumen más de la mitad del presupuesto de cada autonomía son los más afectados por la dispersión y reducción poblacional. El cierre de escuelas por falta de alumnos o de servicios sanitarios por la pérdida de pacientes también supone un efecto llamada para el abandono del rural. El caso del cierre en falso del paritorio de Verín es un ejemplo de cómo la reacción ciudadana para esos recortes.

CONEXIONES TRAICIONERAS
Las infraestructuras no siempre sirven para fijar población. Las autovías o la alta velocidad ayudan a conectar pueblos con capitales y a estas con grandes urbes, pero es más probable que la población tienda a desplazarse a las zonas más pobladas en lugar de al contrario. En Lugo ocurrió en localidades por donde pasa la A-6 o la A-8, que vieron reducido su padrón, al igual que le ocurre a Zamora desde que tiene Ave.

ALCALDES NO VECINOS
Nadie lo reconocerá pero, ya sea por cuestiones personales o laborales, varios alcaldes y alcaldesas de la provincia no residen en el municipio que gobiernan, aunque estén allí empadronados. No es un buen ejemplo para los vecinos, pero a veces pesa más la familia que el electorado. Tampoco se fomenta que los funcionarios locales, profesores o personal sanitario se asiente allí donde va a trabajar. Todo suma.

Desmantelando la casa
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