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Banderas disuasorias

Lugo elude sus graves problemas y se entretiene debatiendo sobre quién es más patriota

Un vecino de la olvidada zona rural lucense. SEBAS SENANDE (AEP)
photo_camera Un vecino de la olvidada zona rural lucense. SEBAS SENANDE (AEP)

UNA PROVINCIA y, colateralmente, una ciudad que va camino de convertirse en un gran geriátriaco si una política, ya no de estado sino comunitaria, no lo remedia, se entretiene a menudo con debates ajenos y artificiales que se alimentan en tertulias televisivas y a los que recurren los políticos locales que eluden entrar a saco en los problemas que están condenando a Lugo al furgón de cola de España y la Unión Europea.

Un alcalde me comenta que su principal preocupación en estos momentos no es llevarle la traída de agua a tal parroquia o arreglar la pista de otra sino tratar de evitar que la capitalidad del municipio se quede sin colegio por falta de alumnos. El regidor, consciente de que el cierre de un centro escolar es la antesala de la desolación de una villa, saca a colación un debate que no está en la agenda política pese a no ser baladí.

Una vecina de una parroquia situada a 15 kilómetros de la Praza Maior de Lugo se me queja de que a día de hoy su casa no puede conectarse a ninguna red de saneamiento ni a la traída de agua, pese a que casi puede ver desde su ventana los dos grandes depósitos de Penarrubia —uno de ellos sin uso—. También se lamenta de que la cobertura del móvil falla tanto como la nueva red de comunicaciones de la Policía Local o de que la conexión a internet no es apta para impacientes, aunque muy cerca la Xunta tiene un centro con red de alta velocidad. Sus problemas, que son los mismos que los del 99% de la población rural de la provincia, tampoco tienen visos de que entren de lleno en el debate político.

Un enfermo de cáncer me comenta que hace unas semanas se tuvo que plantar en un despacho oficial amenazando con no moverse de allí hasta que le pusieran fecha a una prueba que su médico consideraba urgente, porque con la habitual queja ante el servicio de Atención al Paciente no lo conseguía. La suya es una situación demasiado habitual entre quienes tienen que recurrir a una sanidad pública cada vez más saturada en Lugo por el envejecimiento demográfico, una característica social que sigue sin ser tenida en cuenta a la hora de planificar los presupuestos territorialmente o de priorizar la implantación de nuevos servicios sanitarios.

Claro que estos problemas que afectan a los lucenses no salen en las tertulias de ámbito nacional, capitalizadas ahora por el debate político abierto a raíz del llamado procés catalán. Y esa fiebre por dirimir quién es más patriota parece haber contagiado a los políticos lucenses.

Y solo por este motivo se entiende que la ocurrente propuesta del PP de que sea el Concello el que organice un acto castrense como es una jura de bandera civil, en una provincia abandonada hasta por el Ejército —solo tenía en nómina el año pasado a 28 militares—, acabe en polémica con los nacionalistas y en distracción local en un inicio de año que, dicho sea de paso, el Concello de Lugo arrancó por segundo año consecutivo sin presupuesto.

El PXOM de nunca acabar
Tras 22 años de tramitación, Lugo sigue sin rematar su plan de urbanismo y el problema es que la parte inconclusa afecta a la zona rural del municipio, la que más necesita de una planificación para tratar de impulsar su repoblación y la creación de nuevas empresas o ampliación de las existentes. Un estudio hidrológico que cuesta unos 60.000 euros y por el que se lleva esperando años mantiene paralizado ese 5% del plan.

Vuelta a los juzgados
El nuevo año reactivó algunos casos que instruye el juzgado de Pilar de Lara. Una queja de José López Orozco pidiendo igual celeridad para su caso que el dado al de la perra Katalina derivó en una rápida contestación a un recurso del exalcalde. Días después, la jueza ordenó seis nuevas citaciones relacionadas con el caso Pokemon para marzo, un mes en el que la alcaldesa comparecerá ante la magistrada por una denuncia de CSIF.

Un cargo incómodo 
La dirección general de Recursos Humanos parece ser un puesto incómodo pese a estar bien retribuido, ya que a la polémica suscitada por la negociación de la RPT se suman las críticas de la oposición, que pide la eliminación de un cargo que le cuesta al Concello más de 72.000 euros al año. Y quizá por ello se rumorea que la actual directora podría pasar a ocupar la plaza que dejó vacante el actual secretario municipal.

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