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Trampas al solitario

Ayudas al rural que se anuncian y no llegan solo sirven para la opinión pública urbana

UN GRUPO de unos ochenta docentes e investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela ha firmado un manifiesto con el que, además de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, trata de aportar algo de cordura al debate que han generado los fuegos que arrasaron decenas de miles de hectáreas en el mes de octubre. "Creemos que los incendios no son la causa, sino una de las consecuencias de un problema de mayor calado: el abandono de las áreas rurales". Su afirmación se enmarca dentro de una lógica elemental y del sentido común. El diagnóstico es compartido por los propios ganaderos y agricultores. La despoblación de las aldeas y el hecho de que nadie se ocupe ya de cuidar tierras que hace sólo unos años eran productivas son situaciones que no se pueden "gestionar" con más o menos brigadistas. Con el combustible que encuentran a su paso, hasta la misma puerta de las casas, las llamas se vuelven incontrolables. Cualquier despliegue de medios es insuficiente. Lo peor, en todo caso, está por llegar. Si la situación es grave en estos momentos, más lo será dentro de una década. Basta con fijarse en la edad media de los titulares de las explotaciones agropecuarias. Mucho tienen que cambiar las cosas para invertir la actual tendencia y recuperar territorios que hoy no son más que un plácido hogar para las alimañas.

Los propios sindicatos y asociaciones rurales se quejan de que la Administración esté fomentando que haya ciudadanos "de primera y de segunda". Nunca lo dirán abiertamente, pero con la boca pequeña algunos cargos públicos ya reconocen en privado que la carencia de recursos obliga a concentrar los servicios en las áreas urbanas, que es donde vive la mayor parte de la población. Dicen que el dinero no llega para todo, de forma que se garantiza la cobertura de determinadas necesidades a cargo de una mayor incomodidad para las personas que viven en el ámbito rural. Ganaderos y agricultores convocados por Unións Agrarias se quejaban, por ejemplo, de que un solo médico atienda a los pacientes de todo un municipio de la Montaña de Lugo, de modo que, cuando una urgencia le obliga a dejar la consulta, los demás residentes se quedan ese día sin atención sanitaria cerca de su casa. También lamentaban el hecho de que los niños sean escolarizados fuera de su entorno a una edad cada vez más temprana, que el transporte de viajeros por carretera ofrezca unas prestaciones cada día más limitadas, que muchas calzadas estén en una situación deplorable o que sigan existiendo grandes sombras por todo el territorio en lo que se refiere a la cobertura de telefonía móvil o acceso a Internet con unas condiciones mínimas.

Tampoco podemos obviar que las contradicciones del propio sistema no ayudan a solventar el problema. Qué sentido tienen campañas para incentivar que la gente viva en el medio rural cuando otras actuaciones de la propia Administración parecen pensadas para desanimar al personal de emprender tal aventura. El llamado catastrazo ha puesto a temblar a muchos propietarios. A qué viene que estén llegando a las fincas inspectores de trabajo acompañados de la Guardia Civil para comprobar la afiliación de las personas que, como se hizo siempre, ayudan con la recogida de las patatas o con la vendimia. Cómo se explica que se estén realizando inspecciones "masivas", según las organizaciones agrarias, en lo que se refiere al traspaso de derechos de producción en las explotaciones agropecuarias, cuando más de un 90% de las mismas se producen precisamente de padres a hijos para mantener la actividad. Por qué se cursan sanciones en base a un hipotético beneficio patrimonial por la permuta de parcelas entre propietarios que se ponen de acuerdo para superar el minifundismo y mejorar la base territorial de sus granjas. No es fácil responder a todas esas preguntas si lo que realmente se busca es repoblar nuestras aldeas.

Mención aparte merece el pregonado maná que supuestamente debería llegar al campo en forma de subvenciones. Según los propios afectados, muchos de los planes de mejora de las explotaciones no llegan a ejecutarse por los obstáculos burocráticos que aparecen como baches en el camino. Las primas por incorporación de jóvenes tienen que ser declaradas en el primer ejercicio, aunque los beneficiarios están obligados a mantener la actividad durante al menos cinco años. Todavía hay ganaderos que no cobraron ayudas de la PAC correspondientes a la pasada anualidad y las cantidades habilitadas para paliar los daños ocasionados por la fauna salvaje casi siempre se demoran más de lo decorosamente aceptable. Para hacer frente a las pérdidas provocadas por el cambio climático, se les recomienda a los productores que contraten seguros agrarios, pero la partida para incentivarlos es, a todas luces, insuficiente.

Prometer una auténtica lluvia de millones que nunca acaba de llegar no soluciona nada en el medio rural. A lo mejor tranquiliza a la opinión pública en las zonas urbanas, pero es como hacer trampas al solitario. Solo sirve para ganar elecciones. A veces, ni eso.

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