NO HE llegado a percibir la enorme demanda social que sí ha sentido en su entorno el edil Enrique Rozas en lo referente a las juras de bandera civiles. En todo caso, si realmente ha advertido esa necesidad entre los vecinos de Lugo es lógico que se la haga saber a la alcaldesa y a la Subdelegación del Gobierno para que ambas instituciones se pongan a trabajar en ello lo antes posible. No debo andar muy fino esta temporada, porque tampoco he llegado a comprender a qué viene que los populares presenten iniciativas en la Diputación y en el Ayuntamiento de la capital para expresar su compromiso con la llegada del AVE y la construcción de la intermodal. Un partido que gobierna en Madrid y en la Xunta de Galicia tiene otra forma bastante más práctica de cumplir con sus obligaciones. No hacen falta mociones ni debates estériles en las administraciones locales. No son el foro adecuado. Basta con que dejen perfectamente claras sus intenciones con respecto a las infraestructuras ferroviarias en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Galicia. Sí entiendo, en cambio, que hayan forzado a los demás grupos de la corporación municipal a decantarse en el debate sobre la conveniencia o no de mantener en nuestro Código Penal la posibilidad de condenar a los autores de delitos graves a la pena de prisión permanente revisable. A efectos prácticos, no sirve absolutamente para nada. Ese combate se libra en otro cuadrilátero. Tiene su valor, en cambio, desde un punto de vista empírico. Ha servido para retratar una vez más la hipocresía de la política. Para ponerle cara en el ámbito municipal.
El Partido Popular se quedó solo en la defensa de la prisión permanente revisable. Curiosa es la postura de Ciudadanos. Un día dice una cosa y al siguiente la contraria. No sabe muy bien dónde tiene su mano derecha y apenas intuye a dónde puede llegar la izquierda. En todo caso, no son culpables sus representantes en Lugo de semejantes bandazos. Los ediles, también los del partido naranja, siguieron fielmente las directrices de sus respectivas organizaciones. Ninguno se salió del redil. Es lo único que podemos decir en su descargo, porque sí son responsables de levantar la mano en los plenos para hacer suya una opinión que muchos de ellos seguramente no comparten, como tampoco lo hacen sus electores. Detesto las posturas preconcebidas y el postureo en política. Es muy fácil hablar de reinserción desde los atriles parlamentarios y sumarse a esa candorosa ola de optimismo que cree en la bondad del hombre y en las segundas oportunidades. Tengo que pensar, a raíz de los discursos recitados en el salón de sesiones y del sentido de su voto, que los concejales que votaron en contra de mantener esa pena estarían encantados de que uno de esos violadores o asesinos se instalase en un piso al lado del suyo una vez cumplida su condena. Lo saludarían, le darían la bienvenida al barrio y le llevarían un bizcocho a su casa para que volviese a sentir el calor humano. Como representantes de los ciudadanos y firmes defensores de sus ideas, estoy convencido de que harían todo lo posible para que no se sintiese desarraigado, marginado o señalado por una sociedad con la que ya no tiene deudas.
No tengo los conocimientos necesarios para comparar la legislación penal de los países vecinos con la nuestra y los partidos hacen interpretaciones interesadas en función de su propia postura política. Si hacemos un comentario de trazo grueso, aunque el texto legal aprobado en España es de los más duros de Europa —según los expertos—, muchos de ellos, a excepción de Portugal, aplican penas similares —con matices— en casos excepcionales. De momento, también ha sido inusual aquí. En casi tres años, solo un individuo ha sido condenado a prisión permanente revisable. Un tipo de 42 años que degolló con una radial a sus dos hijas menores, 4 y 9 años de edad, en Pontevedra. Debo reconocer que, sin recurrir a una barbaridad salida desde las vísceras, soy incapaz de pensar en un castigo justo para alguien que comete un crimen tan execrable. Cómo se sanciona la inhumanidad. Y lo que es más importante para el debate que nos ocupa, cómo es posible reinsertar y reeducar en sociedad a alguien que es capaz de cometer semejante ignominia como la de ese hombre. Decía el portavoz del gobierno local de Lugo que "lo que es permanente no es revisable", por lo que, en realidad, lo que intenta el Partido Popular es mantener "una cadena perpetua encubierta".
Como profano que soy en derecho, no me atrevería a afirmar que la fórmula elegida por el Gobierno es la más adecuada. Como ciudadano, después de presentar recurso de apelación al sentido común, solo puedo afirmar que hay determinados individuos que no pueden estar libres. Son un peligro para la gente. Los legisladores tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. No hay nada más permanente que la muerte y el dolor de los familiares de las víctimas. Tampoco nada más revisable que la condición de cargos electos de aquellos que nos representan. Que piensen en lo uno y en lo otro. Por el bien de todos.
