Opinión

"Paga la coca. Primer aviso"

La administración parece un cartel de extorsionadores y macarras que trata a los ciudadanos como protodelincuentes

TODOS SOMOS sospechosos. Algunos más que otros, claro, pero eso son solo matices en un panorama general de presuntos delincuentes. Yo algo así me iba temiendo desde hace tiempo por cómo se estaban poniendo de duras las cosas, pero la confirmación oficial me ha llegado esta semana por correo certificado.

La carta llegaba encabezada con un ‘Primer requerimiento’ amenazante, en letras mayúsculas y en negrita, como aquel aviso en forma de mensaje de texto que le llegó a Pipi Estrada en mitad del programa de televisión en el que estaba de tertuliano: "Pipi, paga la coca. Primer aviso". Solo que esto daba más miedo, porque lo enviaba la Axencia Tributaria de Galicia y no un camello cualquiera. Al fin y al cabo, unos gramos de coca sin pagar te pueden costar unas hostias bien dadas o, sin son muchos gramos juntos, alguna fractura ósea, quizás con amputación de algún miembro no del todo imprescindible. Pero un problema con la administración tributaria te puede arruinar la vida a ti, a tu familia y hasta a tus herederos en tercer o cuarto grado.

Todo en esas apenas veinte líneas daba miedo, el tono general de amenaza, la frialdad de sicario con que estaban redactadas, la indisimulada prepotencia de capo que no admite disculpas ni negociación, los plazos perentorios: "Examinados los antecedentes disponibles en esta oficina, no constan que por hechos imponibles contenidos en el documento que se reseña presentara usted declaración/liquidación... Le requiero, en consecuencia, para que en el plazo de QUINCE días presente el citado documento después de efectuar el ingreso en un entidad colaboradora... Se le advierte de que la falta de contestación podría dar lugar a la apertura de un expediente sancionable con multa de 150, 300 o 600 euros". Cagadito de miedo.

No sé en qué momento se cruzó la cosa y la administración que pagamos para que nos sirva se ha convertido en un cartel de extorsionadores 

Cuando el tembleque me dejó centrarme, vi que el documento al que se hacía referencia no era ningún contrato escrito con sangre durante una partida de póquer en el que prometía entregar a mis hijos como esclavos, lo típico que te puede pasar cualquier noche de puros y güisqui y que se olvida con la resaca, sino una "liquidación de comunidad conyugal" de hace tres años en una notaría. De entrada, un alivio.

Como no suelo ir mucho por las notarías y no todas atienden con puros, coca y güisqui, enseguida pude recordar que se trataba de aquella vez que a mi mujer, con la disculpa de que no sé que de su empresa, decidió que era mejor hacer separación de bienes, que al parecer es algo muy recomendable especialmente para personas que no tienen ni dónde caerse muertas. Bien aconsejada mi esposa por un amigo abogado que al final resultó ser mi amigo pero su abogado, me llevaron una mañana y una notaria muy amable me leyó cómo quedaba la cosa: en la participación de bienes se me había asignado, exclusivamente, "el ajuar".

Ajuar es una palabra de esas en desuso, que al parecer ya solo utilizan los notarios y mi tía monja, que cuando me casé me regaló una mantelería con margaritas de colores que había bordado a mano y que nunca me he atrevido a usar por no mancharla. "Aquí tienes, de ajuar", me dijo mi tía. "A usted le corresponde el ajuar, firme aquí debajo si lo ha entendido y está conforme", me dijo la notaria, como si tuviera la opción de negarme, mientras mi mujer y su abogado se partían de una risa de la que, todavía no lo entiendo, en ese momento no desconfié.

El caso es que eso, el ajuar, es lo que ha desatado las coacciones de la Axencia Tributaria, lo que me ha puesto bajo la lupa de la sospecha, lo que me ha convertido en un protodelincuente. Pero es que no contenta la administración con enviar un requerimiento en estos términos y en semejante tono, luego va y aclara: "No obstante, si usted tuviera ya satisfecha su obligación, bastará con que lo comunique en esta oficina". Es decir, que ni siquiera se han molestado en comprobar si esa declaración que piden está ya en su poder, algo tan sencillo como cruzar los datos de dos expedientes perfectamente legales y oficiales.

No sé en qué momento se cruzó la cosa y la administración que creamos y pagamos para que nos sirva como ciudadanos se ha convertido en un cartel de extorsionadores y macarras. Tampoco sé quién de todos esos que pagamos, funcionarios y políticos, decidió que el Estado de derecho no regía para la propia administración. Esto de cruzar datos al tuntún a ver lo que sale se llama investigación prospectiva y está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico incluso para las situaciones más graves, no se puede investigar a bulto a ver si sale un delito, sino que hay que investigar un delito determinado a ver quién es el culpable; y cuando se tiene conocimiento de ese delito, hay que presentar las pruebas para señalar a un culpable con indicios sólidos, no invertir la prueba de la carga y que sea el sospechoso quien tenga que demostrar su inocencia.

El asunto de mi ‘Primer requerimiento’ se soluciona en quince minutos sin mayores problemas, como la chorrada que es. Pero lo grave es que esta forma de actuar de la administración se ha convertido en una costumbre. Me molesta especialmente tener que perder el tiempo en hacer un trabajo por el que les pagamos a ellos. Y me alarma comprobar cómo la burocracia se maneja con tal impunidad y naturalidad en el territorio de la más cutre de las mafias.

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