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Los reinos de taifas de la Justicia

Cada vez funciona con más solidez el precepto de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley menos lo que no los son

"A PARTIR DE UN MOMENTO, la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución. El juez optó por construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas, eso sí, de gran calado y aplauso mediático". Estas palabras resumen a la perfección, como si quien las pronuncia hubiera estado allí, el alegato inicial del abogado del exalcalde Juan José Díaz Valiño en el comienzo del juicio por la operación Rey. Lo sorprendente es que esas palabras no son de un letrado tratando de anular un caso en el que su cliente se la juega, sino que las pronunció, también esta misma semana, el fiscal Pedro Horrach, como parte de sus conclusiones en el juicio por el caso Nóos.

En su pertinaz afán de evitar la condena de la infanta Cristina, un fiscal, representante del ministerio público y, por tanto, de los intereses comunes de todos los ciudadanos, es capaz de poner en cuestión toda la investigación, acusando al juez instructor de pérdida de imparcialidad, insinuando una prevaricación y abriendo la sospecha para que cualquiera de las otras partes acusadas, desde Iñaki Urdangarín hasta Jaume Matas, pueda subirse al carro de la nulidad.


Defendía Horrach en Mallorca exactamente los mismos motivos contra los que casi a la vez, pero en Lugo, argumentaba su colega Brezmes

Defendía Horrach en la Audiencia de Mallorca exactamente los mismos motivos contra los que casi a la vez, pero en la Audiencia de Lugo, argumentaba su colega Roberto Brezmes, fiscal de jefe de Lugo. Lo hacía Brezmes con una lealtad a la instrucción que probablemente no le debía y con una honestidad casi enternecedora, al reconocer tras la vista oral que algunas de las pruebas eran "endebles", que en este asunto de Castro de Rei "no se puede decir que nadie se haya llevado un duro".

Lejos de los tonos y las formas por momentos cercanas a la chulería del fiscal Horrach, a una las exconcejales sentadas en el banquillo le retiró a la imputación reconociendo que "si hubieran declarado en la fase de instrucción lo que declararon en la sala, no la habría acusado". Se tuvo que tragar también las penas más graves de prisión que solicitaba al principio por falsedad en documento público, que quedaron rebajadas a una corta inhabilitación y un nuevo ejercicio de autoflagelación: "Reconozco que entendería que la sala no considerase acreditada la comisión de este delito, porque ni yo he conseguido sabe qué ha pasado con esta documentación".

Y, sin embargo, si hubiera querido eludir la responsabilidad lo tenía mucho más fácil que su colega Horrach. No necesitaba poner en cuestión toda la investigación, entre otras cosas porque la del caso de Castro de Rei ya había llegado incluso a ser anulada por la Audiencia Provincial, que entendió en una primera sentencia que la jueza instructora había vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley.

Lo hacía Brezmes con una lealtad a la instrucción que probablemente no le debía y con una honestidad casi enternecedora

Así lo vio también el propio Tribunal Supremo, que en lo que no estuvo de acuerdo fue en el efecto que esa vulneración debía de tener sobre toda la causa, pero que llegó a pedir que abriera una investigación contra la propia jueza ante los indicios de prevaricación judicial que se derivaban de su actuación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en cumplimiento del asentado precepto de que todos los ciudadanos son iguales antes ley menos lo que no lo son, decidió dar un sonoro carpetazo al asunto.

Quedaba, no obstante, flotando la pregunta que el magistrado del Supremo Lorenzo Varela se hacía en un voto particular: "¿Puede alguien ser condenado en un juicio en que la instrucción se llevó a cabo con posible vulneración de preceptos penales por la autoridad judicial que la asumió? La pregunta produce evidente agobio. Porque mal podría soportarse ver condenado, no solamente al acusado, sino a quien contribuyó a su condena con la actividad investigadora determinante de la misma".

Argumentos, en todo caso, más que suficientes para que la Fiscalía de Lugo hubiera escurrido el bulto en un asunto en el que tenía muy poco que ganar y el ingrato papel de intentar que no se desmoronase un andamiaje montado sobre políticos detenidos y esposados delante de todo el pueblo, decenas de imputaciones preventivas basadas en el desconocimiento de lo que es un procedimiento negociado y la criminalización de lo que en su mayor parte no eran sino irregularidades administrativas. Pudo hacerlo, pero no lo hizo, aunque solo fuera por respeto a sí mismo y a su función de fiscal.

La misma que obliga a Pedro Horrach, que sin embargo ha sido capaz de poner en cuestión el funcionamiento mismo del sistema y la imparcialidad al completo de una instrucción en la que se investiga la apropiación de millones de euros de dinero público, solo por salvar la cara a su cliente más insigne. En ejercicio de su propia y presunta independencia, apuntó que al ejercer el juez investigador la suya según su criterio "se corre el riesgo de convertir el estado de Derecho en un reino de taifas judicial donde se prima la apariencia de justicia sobre la Justicia".

Y tiene, aunque solo en esto, razón. Porque es difícil para cualquier ciudadano no experto en leyes comprender que el mismo ministerio fiscal te pueda acusar o defender en función de cómo te apellides. Y, sobre todo, es muy complicado explicárselo a alguien a quien han ido a detener delante de sus hijos y que ha pasado siete años de su vida señalado como un presunto corrupto en un asunto en el que, al final, "nadie se ha llevado un duro", para ver después que nadie responde por el daño causado con esa manera tan particular que muchos de nuestros y fiscales tienen de entender su independencia.

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