NUEVE HORAS de examen que no sirven para nada. Tres mañanas de clases tiradas a la basura en pleno trimestre final del curso. Eso es a lo que ha dedicado el grueso de la semana mi hijo, como otros miles de hijos por todo el país, en lo que no ha sido sino el mayor simulacro de autoconfirmación del sinsentido en el que está instalado nuestro sistema educativo.
Él ahora no lo entiende, porque no le alcanzan los años ni las frustraciones, pero con el tiempo verá que al menos le ha servido de experiencia socializadora. Es su primer contacto institucionalizado con uno de los más poderosos agentes dinamizadores que se conocen y con el que tendrá que familiarizarse si quiere ser una persona de provecho: el "esto se hace así porque me sale de las pelotas". No hay ninguna otra explicación para que el Ministerio de Educación y sus parientes autonómicos hayan mantenido la reválida de Primaria en las condiciones que se han visto.
Era, en cualquier caso, una prueba que nacía con pecado original, hija de una Lomce que el infame José Ignacio Wert aprobó aplicando el mismo criterio, porque le dio la gana. Lo hizo en contra de toda la comunidad educativa, en contra de las asociaciones de profesores y de padres, en contra de todas las recomendaciones de los expertos, en contra de toda lógica. Todos los partidos políticos del Parlamento que no son el PP, todos, certificaron por escrito su voluntad de anular la Lomce en cuando hubiera la más mínima posibilidad, esto es, en cuanto el PP perdiera el rodillo de su mayoría absoluta.
El PP demostró tan poco entusiasmo en defensa de la ley Wert como alivio cuando el Gobierno prescindió del ministro
Pero Wert puso sus pelotas por encima de todos ellos. Por encima incluso de su propio partido, que demostró tan poco entusiasmo en su defensa de la Lomce como alivio cuando el Gobierno prescindió del ministro que obtuvo las peores notas de valoración que se recuerdan. La situación con esta ley es tan insostenible que el propio Rajoy y el PP la incluyeron voluntariamente entre las decisiones a revisar o, directamente, anular en su oferta para llegar a un acuerdo de gobierno con PSOE y Ciudadanos en los intentos de negociación previos a la nueva convocatoria de elecciones. Quedaba claro que no era cuestión de ideología, sino de necedad.
Sucede todo esto, además, en un país en el que la mayor parte de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, que también se hartaron de hacer llegar por todas las vías posibles su oposición a la ley Wert y sus advertencias de boicot si no se abría a la negociación y la modificación. Es decir, quienes eran los responsables de su desarrollo efectivo y de su financiación avisaban de que esta norma estaba destinada al fracaso, como ella misma condenaba al fracaso escolar a numerosos alumnos e incluso al propio sistema educativo público.
Pese a todas las evidencias, que por sí solas hubieran bastado para que cualquier gobierno con dos dedos de frente desistiera de su puesta en marcha o, al menos, la aplazara para abrir el debate sobre su reforma, se ha puesto en marcha por pelotas.
Evidentemente, no ha pasado la révalida. La mayor parte de las comunidades autónomas, incluidas algunas del PP, se negaron a realizarla o lo han hecho como les ha dado la gana y en las que se ha llevado a cabo, como Galicia, tampoco servirá de nada porque el boicot en muchos centros, especialmente en los públicos, ha sido masivo.
No era para menos. En un sistema en el que cada vez, afortunadamente, se tiende más a la educación continua, con controles regulares y valoración constante de los trabajos en clase, una prueba de este tipo es, entre otras cosas, una falta de respeto al propio profesorado que se lo curra día a día. Ni siquiera se puede esconder la evidencia del fracaso con los últimos retoques aceptados, que vaciaron esta prueba de buena parte de sus pretensiones iniciales y la dejaron como un mero ejercicio orientativo, sin trascendencia ni efectos en los expedientes académicos. Muy al contrario, estos cambios no hicieron sino subrayar el sinsentido.
Volveremos a escuchar los discursos de nuestros políticos, todos ellos, en los que reclaman un gran pacto por la educación
Ha sido, en resumen, una pérdida de tiempo y de recursos para un sistema que no anda sobrado de nada, que soporta reforma tras reforma sin que ninguna alcance sus objetivos, que está sufriendo recortes y cambios que están poniendo en cuestión su propio e irrenunciable carácter público y universal.
Se puede dar por hecho que de las próximas elecciones, como de las pasadas, tampoco saldrá una mayoría absoluta que asegure la pervivencia de la ley Wert y su desarrollo tal y como está redactada. Lo que nos aboca a otros meses, quizás años, de incertidumbre hasta que se acuerde un nuevo texto, mientras nuestros hijos avanzan, al que le dejen, por una administración educativa que curso tras curso cosecha suspensos en los exámenes comparativos internacionales.
Volveremos a escuchar en las próximas semanas los discursos de nuestros políticos, de todos ellos, en los que prometen y reclaman un gran pacto por la educación. Todos estarán de acuerdo e incluso comprometerán públicamente su palabra. Pero, vistas las cosas, la próxima reforma educativa nacerá de la misma manera que las anteriores, con reválidas o sin ellas, pero con iguales resultados. Y a lo único que podrán aspirar nuestros hijos es a terminar sus estudios manejándose con absoluta competencia en un entorno en el que el que principal motor de cambio son las pelotas de quienes deciden.
