lunes. 17.02.2020 |
El tiempo
lunes. 17.02.2020
El tiempo

Monstesquieu deconstruido

España se gobierna más a golpe de sentencias judiciales que de anuncios en el Boe, un desequilibrio de poderes peligroso
Dolores Delgado. FERNANDO VILLAR (EFE)
Dolores Delgado. FERNANDO VILLAR (EFE)

LA PROPUESTA de Pedro Sánchez de enviar a su exministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado no constituye, como se dice, un ataque a la separación de poderes. Se trata solo de una decisión política desafortunada y desafiante a partes iguales, en la que el presidente, ante la nueva etapa que se abre, emula a aquel niño que mide hasta donde puede tensar la cuerda cuando entra por primera vez en la guardería.

Lo que verdaderamente atenta contra la separación de poderes que se presupone rige en el Estado español es que siga siendo el Gobierno de turno el encargado de nombrar —o al menos de influir en el nombramiento— del órgano rector de la judicatura (CGPJ). Esa anomalía, casi exclusiva de España en toda la UE, acaba sembrando tanta desconfianza general que las líneas entre política y justicia se difuminan. Por eso en los últimos tiempos da la sensación de que el país está más gobernado por sentencias judiciales, que son las que marcan la agenda y los tiempos políticos, que por los anuncios en el Boletín Oficial del Estado (Boe).

Debe estar Montesquieu revolviéndose en su tumba parisina de Saint-Sulpice al comprobar como España, un país capaz de deconstruir sin piedad su tortilla en los fogones, también hizo trizas la formulación política de la separación de poderes. Para él, la verdadera libertad del Estado se producía cuando "el poder detiene al poder"; es decir, cuando el legislativo, el ejecutivo y el judicial se controlan entre sí. "Cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir [por la propia ambición natural del ser humano] que alguno de ellos predomine" sobre los otros.

→ El poder judicial
Siendo estrictos, el poder judicial se refiere únicamente a los jueces y magistrados que juzgan y hacen cumplir lo juzgado, que ejercen su labor tras una amplia formación y unas duras oposiciones, sin interferencia política alguna. Sin embargo, el órgano que los gobierna, el Consejo General del Poder Judicial, sí está seleccionado por los poderes políticos. Y es el CGPJ el que después mueve jueces y magistrados a su antojo para un tribunal o un destino determinado, así que indirectamente sí está la mano del político detrás de la justicia. Ahí radica la principal anomalía de la separación de poderes: a la justicia se accede por méritos y oposición pero a su cúpula se llega a dedo.

Al final, la consecuencia es que los políticos pueden utilizar la justicia como una herramienta más para sus intereses. Esto no quiere decir que todos lo hagan o ni siquiera que se haga; solo quiere decir que en España existe esa posibilidad. Por eso da la sensación de que el poder ejecutivo está abusando del judicial para resolver aquellos conflictos que se le enquistan por su propia incapacidad política para resolverlos. El exceso de judicialización de la política está concediéndole a ese poder, el judicial, un papel preponderante y dominante sobre el resto. Montesquieu deconstruido.

→ El poder ejecutivo
Es el Gobierno, con su presidente o primer ministro y su equipo, y se encarga de la gestión diaria del Estado. Sin embargo, dentro de esa estructura de separación de poderes, tiene tendencia a querer influir siempre en los otros dos, porque en la práctica es el que más poder tiene y porque es el más individualista: una persona manda. Precisamente, el legislativo y el judicial están para controlar sus excesos. Pero cuando no le consiguen imponer unos límites, entonces se camina hacia una dictadura.

→ El poder legislativo
Es el que sobre el papel tendría que ser la pata más importante del Estado, pero en la práctica no se cumple. Es el encargado de discutir, elaborar o modificar las leyes, en el caso de España con un modelo bicameral: Congreso y Senado. En él reside la verdadera soberanía del pueblo, ya que sus representantes son elegidos directamente en las urnas. Sin embargo, también se desvirtuó abusando del decreto ley o de las leyes de acompañamiento que hurtan el debate. Cuando hay mayorías absolutas, el legislativo corre el riesgo de acabar ‘secuestrado’ por el Ejecutivo y convertido en un elemento decorativo; y cuando hay mucha fragmentación, corre el riesgo de bloqueo y de no cumplir la función que le corresponde.
 

¿Seguro que no hay que cobrar algún rescate en casos de emergencia?
LOS ÚLTIMOS temporales nos volvieron a dejar imágenes virales de ciudadanos llevando al límite su irresponsabilidad. Sin ir más lejos, esta imagen en A Coruña, igual que la de un ciclista derribado por una ola tras meterse en un espigón en un día de alerta naranja, son el combustible perfecto para las tragedias. Es recurrente el debate sobre si la Administración debe pasar o no la factura de un rescate cuando la emergencia es fruto de una negligencia, algo que nadie debería de poner en duda. Algunos ponen en riesgo su vida, la de los rescatadores y consumen enormes cifras de recursos públicos. Una hora de helicóptero, sin ir más lejos, sube de los 2.000 euros.


Beatriz Pino y el duro reto de reflotar Cs

ENTRE DIFÍCIL y muy difícil es la tarea que tiene entre manos la nueva portavoz de Ciudadanos en Galicia, la periodista viguesa Beatriz Pino. Nada menos que reflotar la marca naranja en Galicia, donde carece de estructura porque nunca llegó a implantarse en condiciones pese a sus fugaces éxitos electorales en las generales. Pino se enfrenta a varios problemas en este reto titánico que tiene por delante. El primero es trazar un discurso propio en clave autonómica, algo que Cs nunca hizo pero que realmente no necesitó porque su cartel era Albert Rivera. Ahora, sin el catalán, ese recurso ya no sirve. El segundo problema al que se enfrenta Pino es que Cs está descabezado en Madrid y sumido en un proceso de reestructuración interna que no le ayudará en su tarea gallega. El tercero, que no tiene ni un escaño en O Hórreo y ningún alcalde, así que su altavoz institucional se limita a alguna concejalía. Y el último y peor de todos es que algunos de los que la acompañan en esta aventura ya están hablando por detrás con el PP.

En Marea recuperaría el grupo propio

LA SALIDA de Manuel Lago hacia el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz dejará vacante un asiento en el Parlamento gallego que ocupará, si nadie lo impide, Mariló Candedo, afín a Luís Villares. Por ello, y pese al pataleo del Grupo Común da Esquerda, la nueva diputada se irá al grupo mixto del lucense, que pasará así a tener cinco escaños. Sobre el papel, esa cifra le da derecho a formar grupo propio, con lo que Villares podría recuperar la marca En Marea en el Pazo do Hórreo. Aunque parezca algo anecdótico dentro de la sopa de letras de la izquierda rupturista y En Marea pueda parecer una marca desgastada, tendrá por delante un mínimo de seis meses para reimpulsarse de cara a las autonómicas. Y es que, a estas alturas, parece difícil un acuerdo entre En Marea y el BNG, por lo que Villares tiene toda la intención de concurrir a las elecciones en solitario o con otros apoyos. Con grupo propio, su posición sería mejor que sin él. Además, este tiempo fuera de los focos incluso le vino bien a la marca En Marea a nivel de imagen.

Monstesquieu deconstruido
Comentarios