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Colgar la boina

Baltar y Louzán fueron los últimos supervivientes de una forma de hacer política en el PPdeG y ahora comparten epílogo

Hubo un tiempo en Galicia en el que uno recitaba las baronías provinciales del Partido Popular con la misma soltura que la alineación del Madrid de la quinta del Buitre o el Barça de Cruyff. Romay Beccaría en A Coruña, Cacharro en Lugo, Cuiña en Pontevedra y Baltar en Ourense. Eran algo más que líderes provinciales de un partido o presidentes de una Diputación; eran señores absolutos de sus territorios y al mismo tiempo auténticos contrapesos internos al poder del mismísimo Fraga. De hecho, algunos osaban colgarle el teléfono y otros no tenían reparo al presumir en público de reunirse para cambiar conselleiros. Era el peaje que tenía que pagar el león de Vilalba, que a cambio recibía de ellos algo muy importante en la política: los votos.

Durante años, el PPdeG sostuvo estas baronías territoriales lideradas por unos políticos de poder omnímodo que para unos eran un modelo de servidor público eficiente porque resolvía los problemas, mientras que para otros eran simples caciques que perfeccionaron como nadie el arte del clientelismo: votos a cambio de favores. Una de las formas más sutiles de corrupción.

Con el tiempo, aquella tétrada tomó caminos diferentes. Romay, exponente del PP del birrete y más de asfalto, hizo carrera en Madrid, mientras que Cuiña asumió el rol de delfín de Fraga y cedió protagonismo territorial en Pontevedra a Rafael Louzán. Mientras que Cacharro y Baltar se dedicaron a reforzar su poder en Lugo y Ourense.

OPINIÓNDe los que apostaron por Galicia, el barón lucense fue el primero en caer en las urnas, en 2007, así que al final fueron Baltar y Louzán los últimos supervivientes de esa estructura territorial de poder y de esa forma de hacer política. Baltar prolongó su reinado hasta 2012, cuando lo cedió por herencia a su hijo; y a Louzán lo jubilaron los pontevedreses de la Diputación en 2015.

Bajo la lupa de la Justicia

Resulta curioso como los considerados últimos exponentes de ese PP de la boina, tan parecidos durante años en su acción política, van ahora camino de cerrar sus carreras con idéntico epílogo: inhabilitados por la Justicia. El borrón final en su expediente.

La misma Justicia que, por cierto, también quiso cercar a Francisco Cacharro en varias ocasiones —sin éxito—, la última con la operación Muralla poco antes de su fallecimiento, una investigación que abrió el tarro de las pifias judiciales en la provincia. Y también la que amenazaba a Cuiña cuando renunció a su cargo en 2003.

A Baltar lo inhabilitaron en 2014, ya estando fuera de los focos, durante nueve años por enchufes masivos en la Diputación de Ourense. Y a Louzán lo inhabilitaron esta semana ocho años por la adjudicación de una obra, también estando ya fuera de la primera línea. No era, no obstante, la primera vez que se sentaba en el banquillo. El de Ribadumia, hoy presidente de la Federación Galega de Fútbol, ya anunció que recurriría, así que a diferencia de Baltar, él todavía puede limpiar su imagen.

Estas inhabilitaciones, igual que la de 20 años que le llegaron a pedir en su día a Cacharro por la Muralla, demuestran una cosa: el peligro que supone tanto acumular excesivo poder en una persona como gobernar durante demasiado tiempo. Louzán, el último en colgar la boina del viejo PP, lo acaba de comprobar.

Tomar nota

Lo que ocurrió en el PPdeG con la llegada de Feijóo fue la progresiva reestructuración del partido, de forma que ninguna baronía provincial tiene hoy ni un ápice del poder que ostentaban antaño. Ni siquiera Baltar hijo. El poder está en Santiago.

Pero es curioso como el PSdeG, sobre todo desde la época de Pachi Vázquez, sí alimentó esos virreinatos provinciales, quizás por la ausencia de un gran líder durante los últimos años. Pueden tomar nota.

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