L A REVISIÓN CATASTRAL en marcha está dejando numerosas sorpresas. Una es la aparición, como si hubiesen salido de la noche a la mañana, como las setas, de numerosas propiedades. La otra tiene que ver con los contribuyentes, que ven cómo tienen que rascarse sus bolsillos para hacer frente a las tasas que conlleva la regularización de su casa unifamiliar, finca, garaje o vivienda.
Se sabe que el pasado año afloraron cerca de 26.000 inmuebles en 27 municipios gallegos. A esta cifra habrá que sumarle una mucho más grande, pues el programa de revisión no se cerrará hasta el 2018 y falta llevar a cabo el trabajo de campo, de detección de las propiedades fantasmas, en la mayoría de los municipios de esta nuestra Galicia.
Un caso curioso es el de O Saviñao, donde han sido detectadas unas 2.000 propiedades, asegura el alcalde, Joaquín González, propuestas para dar de alta cuando la última revisión catastral sucedió tan solo hace cinco años. O una de dos, o estaban muy bien camufladas o los que hace un lustro ejecutaron la revisión no hicieron nada bien su trabajo.
En este municipio se están dando quejas hacia los resultados obtenidos en algunos casos, como adjudicarle a un vecino una finca de otro, lo que ha causado malestar por la forma de trabajar de los técnicos.
La revisión de la contribución propicia la aparición de propiedades, antes en el limbo
Pero volviendo a lo que nos ocupa y más concretamente a la sorpresa pecunaria, los que llevan a cabo el plan de regularización dicen que este no tiene ningún afán recaudatorio, que se excluyen la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de la obligación de declarar, de forma completa y correcta, una propiedad.
Vale, no hay penalizaciones, pero sí es obligatorio satisfacer una tasa de 60 euros por cada caso regularizado, dinero con el que, añaden, se busca cubrir el coste de los trabajos que se han realizado.
A esta tasa lineal hay que sumar el incremento del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) que no se abonó en los últimos cuatro años, que son los no prescritos.
Hacienda ha explicado que se les aplica la ponencia de valores vigente en ese momento y estima en 153 euros el incremento medio del recibo del Ibi de los infractores detectados.
Pero el ajuste de cuentas con el fisco no termina ahí, ya que a la tasa de 60 euros y al Ibi hay que sumarle la liquidación por los atrasos de los años no prescritos, lo que se traduce en unos 320 euros de media. En total, la regularización supone del orden de 530 euros, céntimos arriba o abajo, por cada caso regularizado, por lo que toca rascarse el bolsillo.
En todo este asunto del conocido como catastrazo hay otra parte que tiene que ver con un incremento del valor de una propiedad, por lo que a partir del momento de ser regularizada su dueño tendrá que pagar una cantidad más elevada. Estos son los perjuicios económicos que se les causa al contribuyente, pero ¿qué pasa con los beneficios que obtienen los ayuntamientos?.
Las administraciones locales se frotan las manos con esa aparición de nuevas y numerosas propiedades, pues son las encargadas de recaudar el Ibi, dinero que va a parar directamente a sus arcas y que sirve para aumentar su presupuesto municipal. Es tal el incremento recaudatorio que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pantón, en concreto su regidor, José Luis Álvarez, ha anunciado que bajará el tipo impositivo Bienes del 0,66 actual al 0,49.
Álvarez indicó que la subida del valor de las propiedades y la inclusión de otras que antes no figuraban propicia que con ese 0,49% "recadamos algo máis e o mesmo tempo non gravabámos as economías dos veciños, moitos deles xubilados e que xa lles costa adicar un soldo ao ano a pagar a contribución". El regidor pantonés manifestó que tras la actualización de la contribución el valor catastral del municipio se revalorizó un 60 por ciento, casi nada.
