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Artículos de Luis A. Rodríguez, centrados en la Ribeira Sacra.

Fuente de ingresos

El Ibi, impuesto impopular, mantiene la estabilidad económica de los ayuntamientos

A NADIE le gusta pagar impuestos, pero no queda otra para mantener en pie el sistema. La declaración de la renta es una de las muchas fórmulas existentes para que el dinero entre en las arcas públicas. En la actualidad nadie cuestiona ni su necesidad ni las cuantías que hay que pagar. Todo, como mucho, se queda en un ¡vaya por Dios! cuando vemos los euros que tenemos que ingresar. Sin embargo, hay otros impuestos, como el de bienes inmuebles (Ibi), que levantan ampollas entre los contribuyentes, como hemos visto días atrás en Pantón, donde un más que nutrido grupo de personas se enfrentó al alcalde en el transcurso de un pleno para protestar por el gravamen a sus propiedades, exigiendo la paralización de los cobros y una disminución del tipo impositivo.

Lo que en principio solo era un malestar se ha convertido en indignación y desconcierto cuando muchos titulares de inmuebles han comprobado que su recibo se ha multiplicado por tres, por cuatro y hasta por cinco. El Ministerio de Hacienda lo llama regularización masiva de los valores catastrales. Los afectados lo denominan ‘catastrazo’. Se trata de un proceso iniciado en 2013 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para detectar qué mejoras y ampliaciones han hecho los propietarios en sus bienes inmuebles.

El Gobierno asume, así, que los ciudadanos incumplen la ley y no acuden por iniciativa propia a la Administración cada vez que realizan una mejora en su casa, finca o parcela. Por ello, el objetivo de esta regularización masiva es que el Catastro tenga información de las modificaciones realizadas y, lo más importante, que los titulares paguen por ello. La herramienta que se ha empleado son ortofotos, esto es, imágenes aéreas que dan pistas más o menos fiables de los cambios realizados.

Llegados a este punto, se actualiza el valor catastral de la propiedad, cifra en euros que debe estar por debajo del precio de mercado. Aunque la tendencia históricamente se basa en revisiones al alza, puede ocurrir que un valor descienda o que se pague menos tras una actualización, ya que al final el impuesto lo determina cada municipio, que es el que ingresa este tributo. Para ello aplica un coeficiente a ese valor que puede subir o bajar, dentro de una horquilla (va del 0,40 al 1,3 por ciento del valor catastral), según la política fiscal de cada gobierno municipal.

Cabe preguntarse por qué actualizar ahora estos valores catastrales. La respuesta es que tiene que ver con aumentar los ingresos de los ayuntamientos. Tras la caída del sector de la construcción, las licencias de obra han dejado de ser una de las principales vías de financiación de los municipios. Ahora el Ibi es su tributo más preciado y, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda obliga por ley a que controlen su déficit, es razonable pensar que el departamento de Cristóbal Montoro ha ordenado esta regularización para facilitar el equilibrio en las cuentas municipales. Por termino medio, el Ibi aporta un 30 por ciento de los ingresos de las arcas locales.

La revisión de los valores catastrales continuará este año en 70 municipios gallegos, once de ellos lucenses (Burela, Castroverde, O Incio, Monforte, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada), y afectará a unos 327.535 recibos del Ibi, según los datos del Ministerio de Hacienda. Esta nueva actualización, que engloba a casi la cuarta parte de los ayuntamientos que hay en Galicia, se suma al casi centenar donde ya se han puesto al día tales valores.

Seguro que veremos cómo en esos once municipios lucenses donde se realizará la revisión, presumiblemente al alza, surgirán quejas vecinales como la acontecida en Pantón, a no ser que los gobiernos locales de turno sean previsores y ajusten el tipo de gravamen para que los ciudadanos no tengan que pagar más. Otra cosa es la retroactividad, obligatoria.

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