SEÑOR DIRECTOR:
No habrá sorprendido al Gobierno la respuesta crítica y de preocupación que encontró el ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’ que publicó el Boe el pasado jueves. Activa las alertas en materia de libertades y garantías democráticas. Si la vicepresidenta primera, que no es de Podemos, pretende marcar realmente una línea para "la elaboración y revisión de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación", deberá volver al principio y replantear esta orden de 30 de octubre, que aparecía en el Boe del pasado jueves. Dar respuesta a los ataques por internet y las redes al sistema democrático es una exigencia para los poderes públicos, sembrar la duda sobre el control de las libertades es otra cosa.
Aunque el control absoluto de la información sea un sueño no confesable de casi todo gobernante y de casi todo grupo político, la verdad es que resulta sorprendente que la iniciativa salga desde el área socialista del Gobierno. No encaja. No es coherente. No sorprendería, aunque sería igualmente criticable, si hubiese salido de alguna de las áreas de Podemos.
Por la puerta de servicio
Salvadas todas las distancias que se quiera y con permiso de las sensibilidades que se hayan sentido heridas o se den por ofendidas ahora, la comparación que de esta orden hizo Víctor de la Serna con la ley Fraga es muy gráfica. El ministro de Información entreabría una ventana a la prensa en plena dictadura y, al tiempo, con aquel famoso artículo 2, dejaba en manos de la autoridad gubernativa decidir sin más concreción qué era o no publicable, qué era o no sancionable. Era una ventana- trampa para irse al vacío y morir, muy propio de las dictaduras. Cierto que aquella apertura permitió aire nuevo pero sirvió igualmente para practicar secuestros de publicaciones y suspenderlas o para imponer multas cuantiosas y disuasorias. Por poner un ejemplo de un Caballero de la Orden del Imperio Británico sancionado, el ministro llegó a multar un artículo de Augusto Assía, que pedía equiparar gallego y castellano, en el que comparaba la situación del idioma gallego con la de los negros en EE UU: solo podían entrar por la puerta de servicio.
Aquí y ahora creíamos, y se justificaba, que se trataba de una iniciativa para dar respuesta a la que se ha calificado en alguna ocasión como «guerra cibernética», que llega de potencias extranjeras: las estrategias-ataques desestabilizadores, fake news que buscan pervertir un proceso electoral o destruir la credibilidad pública de una personalidad. Procesos electorales en varios países fueron objetivo y, según cuentan a veces, también hubo participación activa a favor del secesionismo catalán. Es otra forma de agresión, o guerra si se quiere decir así, con las armas de este tiempo. Sin embargo, la vicepresidenta Calvo sale con un arma de destrucción masiva de la libertad de información. ¡Suspendamos la libertad de información, gubernamentalicémosla más todavía, y se acaba el problema! Alcanza niveles tan preocupantes esa orden como la inclusión del mundo de la enseñanza, las empresas privadas de comunicación o la sociedad civil en general en un triple objetivo: detectar, denunciar y participar en las campañas informativas —de propaganda— que diseñe la Secretaría de Estado de Comunicación como presunta respuesta a los ataques. Suena muy mal por los recuerdos que trae de literatura y cine de corte orwelliano, de humanidad sometida a los robots. Se lo diré a usted en moneda de uso corriente actual, es socialismo bolivariano que no se parece en nada a la socialdemocracia europea. Es la antítesis.
Se trataba de luchar contra los ataques a los sistemas de libertades y ofrecen un estado de excepción permanente
Olvida el redactor de la orden, y quien la firma, algo fundamental en democracia. Son las garantías que exigirían esos procedimientos: desgubernamentalizarlos, que sean conocidos por el poder verjudicial y sometidos a información y control por el Congreso de los Diputados. Olvida que la libertad de información y el control de la acción política desde los medios de comunicación es un pilar básico, forma parte de lo esencial de las democracias liberales.
Tal como está, o muy mal he leído, la puerta queda abierta para la arbitrariedad política. Al contenido de esa orden solo le faltaría decir explícitamente que los palmeros gubernamentales, tan activos en las redes frente a la mínima crítica, son los guardianes de la nueva realidad o de la revolución; ciertamente el salto que en democracia supone esta orden algo ofrece potencialidad revolucionaria.
Vigila y decide la extrema derecha
Pudiera suceder, para volver al ejemplo que todos entendemos por la historia, que a partir de aquí no sea precisamente el lechero quien llama por la mañana a la puerta de casa ni nadie que traiga un mandamiento judicial. Aunque hay mucho más grano, que no es trigo, en esa orden, con lo que le acabo de contar es suficiente para cuestionarla. No estamos, como usted habrá visto en su lectura, ante una cuestión que afecta únicamente a los medios de comunicación, ni por el tema, que alcanza a toda la ciudadanía, ni por la implicación directa que hace de diferentes sectores de la sociedad, como el mundo académico. ¿Dónde va la libertad de cátedra? ¿No abre una vía para el adoctrinamiento en la enseñanza? Hasta ahí puede alcanzar el campo de actuación de esta orden.
Para ver el error y los riesgos para todos, un opinador radiofónico le proponía a los redactores y defensores de esta orden que se sitúen en un escenario en el que sea el dirigente de Vox Javier Ortega Smith quien esté al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación. Un escenario así o parecido puede darse. Probablemente entonces los que ahora aplauden lo verían como un riesgo máximo.
Entendíamos que se trataba de fortalecer los sistemas democráticos de libertades y de luchar y contrarrestar las acciones desestabilizadoras que por internet y las redes se realizan contra los mismos, entre ellos España. Quien lea esta orden en el Boe se encuentra con un campo minado desde dentro.
De usted, s.s.s.
