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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Una multa que es la leche

A BUEN seguro que podemos contar con los dedos de una mano los ganaderos gallegos que se han echado las manos a la cabeza por las revelaciones que contiene el detallado expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la industria láctea de este país. Son más de un centenar de folios sin desperdicio, que incorporan pasajes que sin duda revolverán el estómago a cualquier purista del libre mercado. Correos electrónicos y actas de reuniones, con nombres y apellidos, empresas y ganaderos, que hablan de una concertación de precios planificada en el tiempo (entre 2000 y 2013), y que llega a su cenit con los acuerdos sobre el control de los excedentes, a través de la conversión de los mismos en leche en polvo. El ganadero, en este escenario, es rehén de las grandes empresas transformadoras.

Pero el sector lácteo hace tiempo que perdió la inocencia. Lo hizo al mismo ritmo que se fue regulando su actividad, un camino sin retorno durante años y que ahora toca a su fin, cuando a punto estamos de finiquitar el sistema de cuotas. Y por mucho que ahora escandalice ese constante negro sobre blanco de los pactos de precios demostrado en el revelador expediente de la autoridad de la competencia, la realidad del agro gallego es la de un eslabón (por no decir un grillete) al que se suma otro, el de la industria transformadora, hasta llegar al final de la cadena: las grandes superficies. Desde una ensenada repleta de miles de explotaciones, río arriba, llegamos al consumidor, pasando primero por la industria y, después, por los lineales de los gigantes de la distribución. Para formar el precio de un litro de leche no interviene solo un actor.

Desde esta perspectiva, la investigación de Competencia, a raíz de las denuncias de Unións Agrarias, está sobradamente coja, porque no ataca la raíz del problema, nucleada en torno a los distribuidores. Sin embargo, supone una aportación, una vía más que ayuda a poner orden en un mercado sobrado en tropelías durante años. Representa, por decirlo de algón modo, la parte alícuota de responsabilidad de la industria en los desequilibrios del sector lácteo. Y llaman la atención algunas cuestiones.

En este cártel, como lo define Competencia, están prácticamente todas las grandes industrias, foráneas o no, que operan en Galicia. Nadie parece salvarse, incluso las patronales, como la Asociación de Empresas Láctea de Galicia, con sede en Lugo, de la que han formado parte grupos como Lactalis, Nestlé, Pascual, Danone, Capsa, Leche Celta, Leche Río, Celega, Feiraco o ILAS. A esa asociación se le atribuye el papel de «facilitadora de los contactos»; es decir, un cooperador necesario.

El Gobierno debe evitar que al final las sanciones a la industria sean la losa de los ganaderos

Pero en esta historia también hay jerarquías, a ojos de Competencia. Sin galones no hay paraíso y ahí está lo que los inspectores denominan el G-4, integrado por las grandes: Lactalis y su absorbida Puleva, Danone, Pascual y Capsa. A ellas se les atribuye el mayor control sobre los precios, y la mayor influencia para cerrar acuerdos. Tampoco falta el capital gallego o con centros de decisión en esta comunidad: Feiraco, Leche Río y Leche Celta se salvan por haber prescrito sus infracciones, no por no haber participado activamente en el cártel, aunque aquí Competencia establece salvedades y reparte culpas a acciones concretas.

Quizá lo más llamativo de todo, y a la postre lo más sonoro desde el plano mediático, sea el criterio por el cual se establecen las multas; esos 88,2 millones de euros a repartir entre nueve empresas y dos gremios. Todo ello es fruto de prácticas que implicaron un beneficio ilícito que se dispara a los 814 millones de euros y que, lógicamente, no será repuesto a los ganaderos. Las sanciones se arman sobre la premisa del volumen de negocio de cada empresa en 2014, estableciendo un baremo general del 10% sobre ese importe, al que se le aplica otro porcentaje (tipo sancionador) sobre la gravedad de las infracciones. Podrá ser discutible la herramienta elegida, pero no la causa de la que se derivan las multas.

Sobre este tapete, comienzan a verse las cartas. La ministra del ramo, Isabel García Tejerina, teme lo peor para el sector y su viabilidad inmediata. Y el neoliberal confeso Luis de Guindos, titular de Economía, aplaude la decisión, pensando (no sin razón) en el consumidor final. Y es cierto que cualquier avance para salvar los obstáculos hacia una competencia real y efectiva en cualquier sector es siempre bienvenido, pero no a costa de retrocesos para los más débiles, los productores. Haría muy bien Competencia, y por elevación el propio Gobierno, en extremar los controles y vigilar que las multas a las grandes industrias no se conviertan en la losa de los ganaderos.

Cuando un centro de decisión se va

RECURRENTE y animado debate el que se genera cada vez que una empresa de capital gallego acaba en manos extranjeras. Hay quien lo celebra, con el argumento de que si es para bien... O sea, que si implica más inversiones y puestos de trabajo, pues bienvenida la operación. Siendo este razonamiento hasta cierto punto válido en estos años de paroxismo laboral en Galicia, la bondadosa tesis queda neutralizada con una simple idea a la que se abonaría cualquier economista sensato: no es tanto la identidad o procedencia del capital como el mantenimiento de los centros de decisión en Galicia lo que de verdad acaba por determinar si una inversión extranjera resulta a la postre beneficiosa.

Viene todo esto al caso por el proceso de negociaciones en el que está inmerso el grupo vigués Rodman-Polyships para pasar a manos de capital chino. Poco ha trascendido del proceso de venta. A falta de conocer el desenlace, conviene mirar atrás para comprobar que hay casos lacerantes para la economía gallega en el pasado reciente. El norteamericano Citi Infraestructures es el propietario de Audasa, la gestora de la Autopista del Atlántico, un mero apéndice de un fondo de inversión, como los que estuvieron a punto de hacerse en 2013 con Novagalicia. Audasa es quizá el pejor ejemplo. Hay empresas, sin embargo, que mantienen sus centros de decisión en Galicia, fruto de paquetes accionariales que se retienen a través del capital autóctono, caso de la operadora R con el fondo CVC, la conservera Calvo con la italiana Bolton Group y está por ver si sucede lo mismo a Barreras con Pemex. Por tanto, hay muchos matices en todo esto.

J.M. Fernández Alvariño
AL PRESIDENTE DE LA PATRONAL LE EMPIEZAN A CRECER LOS LÍOS

DENTRO y fuera. Nadie podrá echarle en cara al presidente de la patronal gallega que no ofrezca explicaciones y razones ante las críticas y acusaciones, pero lo cierto es que a José Manuel Fernández Alvariño le crecen los problemas. Y todo tiene su génesis en el bloque crítico con su gestión, nucleado en torno a A Coruña y Lugo, y a unas elecciones, las de su sustituto en Pontevedra, que han levantado ampollas, con acusaciones de pucherazo y amenaza de juzgados. Las promesas inclumplidas desde que llegó al carto en la CEG tienen mucho que ver en todo ello. Y, al hilo de estos lances propios de rivalidades no muy sanas, nos enteramos que, desde la patronal, Fernández Alvariño ha prescindido de determinados proveedores de servicios (coche oficial y chófer del presidente, y seguro de la sede de la CEG en Santiago) para contratarlos con dos empresas de su grupo empresarial. Importante es la ética, pero también la estética.

Marta Fernández Currás
UNA DEFENSA DE LA VENTA DE NCG QUE NO VIENE A CUENTA

NO ha hecho labores de paracaidista pero le ha faltado muy poco. Marta Fernández Currás, la secretaria de Estado de Presupuestos, abandonó por un momento sus tareas en Madrid, se dejó caer por Santiago y, ante un nutrido y selecto aforo, defendió como si le fuera el curriculum en ello la venta de Novagalicia. Y lo hizo asegurando que fue la mejor de las posibles, al tiempo que se felicitaba de todo el proceso. Lo cierto es que si hay que buscar responsables debemos mirar al Ministerio de Economía y al FROB y no al de Hacienda, donde Fernández Currás trabaja. La exconselleira sí que tuvo responsabilidad directa en la génesis del proceso, cuando orquestó una fusión de cajas quebradas, que dieron lugar a un banco también quebrado. Qué lástima que Fernández Currás declinase en su día asistir a la comisión parlamentaria que investigó la crítica fusión de las cajas.

Una multa que es la leche
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