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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Sin empresas y sin capital

La crisis de Alcoa revela el escaso fuelle de la industria en Galicia y la nula apuesta inversora

Manifestación en A Coruña en defensa de Alcoa. EP
Manifestación en A Coruña en defensa de Alcoa. EP

EL PATRIMONIO de Galicia también lo conforman sus empresas, y sus industrias, sustancialmente. Los años de crisis sirvieron para que una reconversión encubierta pero nada silenciosa se activase en la economía gallega, muy distinta a la de los años ochenta, cuando era el sector público (astilleros y siderurgia, básicamente) quien procedía a liquidar empresas y empleos por cientos y miles. Sin embargo, la crisis que damos por superada, estos diez años tan largos, representó un duro filtro de supervivencia para el sector privado y muchas de la empresas gallegas que arrancaron el siglo en una posición de privilegio tuvieron que afrontar regulaciones de empleo y despidos, en el mejor de los casos, y ventas y hasta cierres y liquidaciones, en el peor.

Un claro ejemplo de que todo ha mudado con la crisis lo representa Xesgalicia, el brazo inversor del Igape, que se convirtió en estos años y casi de un plumazo en una suerte de Uci de empresas, sus participadas accionarialmente, cuando su naturaleza y objetivos siempre fueron los de apoyar y fomentar inversiones empresariales. Xesgalicia pasó de acompañar con recursos esas iniciativas a intentar salvarlas del desastre.

Aunque está por ver el final, ahora es Alcoa la que decide apagar la luz en A Coruña y Avilés, en la reedición de un cuento de Navidad de lo más traumático y angustioso para casi ochocientos empleos. Pero si algo demuestra la crisis de las plantas de Alcoa es que el languidecer de la base industrial gallega no se puede acotar en el tiempo a esa crisis económica cuyas consecuencias todavía pagamos y pagaremos durante años.

Galicia presume, es otro ejemplo, de sector textil. Inditex, Lonia o Bimba y Lola son la cara amable de un éxito que ha tenido su contrapunto en empresas como Montoto, Viriato, Caramelo, Unicén, Toypes o Guerral. Todas han acabado en liquidación. El prometedor sector audiovisual (Dygra Films o Continental) también ha enfilado el mismo camino, y apuestas tecnológicas como R, Comunitel, Softgal o Tecnocom han sido absorbidas por grupos foráneos, cuando no liquidadas, caso de Blusens. La lista se hace larga y quizá, como advierte el economista Marcelino Fernández Mallo, el inicio del declive industrial de Galicia haya que buscarlo en los ochenta, cuando Fenosa se fusiona con Unión Eléctrica Madrileña. El resultado de todo ello es hoy Naturgy, con sede en Barcelona, y de Fenosa no va a quedar en Galicia ni el museo de arte contemporáneo.

La crisis de las cajas de ahorro gallegas no fue la de un modelo (ahí están Caixabank o Kutxabank) ni simplemente el adiós a un sistema financiero propio. Fue el final a la inmersión de la banca en las empresas. A través de sus corporaciones y divisiones industriales, Caixa Galicia y Caixanova llegaron a controlar un buen pellizco del producto interior bruto (PIB) gallego.

El destino ha querido que esta semana, el mismo día que se activaba la enésima subida de peajes en la autopista del Atlántico para cólera de los usuarios y desesperación de la clase política gallega, el que hasta hace nada era segundo mayor accionista, Abanca, anunciase unos beneficios récord empujados precisamente por la venta de su participación en la matriz de la autopista. Abanca sale ahora del capital de Itínere como antes lo hizo de la cablera R, la pizarrera Cupa, Tecnocom, el negocio eólico o CLH. Juan Carlos Escotet no engaña a nadie. Cuando llegó anunció que para nada quería contar en esta etapa con una pata industrial, y los hechos lo demuestran. Abanca ha ingresado en estos años solo por desinversiones casi tanto como lo que pagó Escotet por Novagalicia en su subasta.

El problema no está tanto en quien vende, sino en quien compra. En muchos casos son fondos de inversión los que se hacen con esos activos, alejándolos todavía más de Galicia. El caso de Audasa e Itínere es paradigmático, por la pérdida de influencia en una concesionaria que un día contó con varios gallegos en su consejo de administración. El capital autóctono, que lo hay al margen de los bancos, opta por convertirse en rentista, con inversiones en ladrillo por medio mundo. Y no se trata solamente de Amancio Ortega. En su caso, hasta prefirió en su día invertir antes en la concesionaria de las autopistas portuguesas, Brisa, que en la gallega. Es el dinero que solo entiende de oportunidad y resultados.

En la Galicia empresarial se echan muy en falta todas esas compañías que hoy arman un negro inventario de arqueología industrial, por cierres y liquidaciones, pero ese ejercicio de añoranza no sería completo sin la savia del capital gallego, que lo hay, pero no está ni se le espera por aquí. 

Galicia y el derecho a decidir sobre la AP-9
Por cadacéntimo que suban los peajes de la autopista del Atlántico, Galicia se cargará de razones para reclamar la transferencia de su titularidad. De nada sirve ahora la hipérbole para criticar el desatino de las tarifas, ni aludir a qué ministro de Fomento (José Blanco o Ana Pastor) cedió más ante las reclamaciones de la concesionaria para pagar obras o bonificaciones con subidas. Si miramos al pasado, por qué no hacerlo al gobierno de José María Aznar, que en 2000 optó por prorrogar 25 años más la concesión. Sin aquella decisión, la autopista quedaría libre de peajes dentro de cinco años. Como las que comienzan a revertir al Estado en estos momentos, y también están gestionadas por Itínere, matriz de Audasa.

Las subidas en los peajes de ahora y las venideras están pactadas y pautadas; es decir, están previstas en el guión de una relación en la que las administraciones públicas tiene pero que muy poco peso. ¿De qué ha servido crear una comisión paritaria y permanente entre Xunta y Fomento para vigilar la concesión de la gran vía gallega? ¿Cómo es posible que no sea un incumplimiento de contrato de libro el hecho de que Audasa siga en Rande en obras una vez inaugurada la ampliación hace un año, lo que le permitió repercutir ya en 2018 las subidas firmadas?

Está claro que la capacidad de influencia sobre los gestores de la autopista es nula en estos momentos. Por ello es más necesario que nunca que sean los gallegos, sus administradores, quienes tengan la opción de ejercer lo que otros no hacen. Por eso es vital que se haga efectiva la transferencia de la titularidad. Para que Galicia decida.

Sin empresas y sin capital
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