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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Nuevo guión autonómico

Muy poco tiene que ver el modelo de financiación con el parche que supone aliviar la deuda

María Jesús Montero, Isabel Celaá y Nadia Calviño. BALLESTEROS (EFE)
María Jesús Montero, Isabel Celaá y Nadia Calviño. BALLESTEROS (EFE)

EL DE LA deuda y la financiación autonómica es un auténtico campo de minas, un debate sembrado de trampas y palabras huecas que esconden mensajes de ocasión. Desde Galicia son claras las lecturas que se pueden realizar a estas alturas. Primero, no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, el escenario es prácticamente el mismo que dejó Mariano Rajoy y el PP, con idénticos problemas. Cambian las soluciones. O los parches. Desde 2009 no se toca en este país el modelo de financiación. Eso lo dice todo. Sobre ese tapete, el nuevo inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, y su ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, se embarcan en un proceso de aceleración, con ciertas prisas, siempre teniendo en cuenta una premisa: el nuevo modelo en sí mismo no se podrá pactar en lo que queda de legislatura.

Obviedades aparte, como es esa imposibilidad de afrontar cambios que solo un Gobierno con una mayoría parlamentaria 
sólida puede abordar, por mucho pacto que se negocie, los parches que ahora se plantean para aliviar la situación financiera de las comunidades autónomas resultan determinantes para instalarnos en el agravio. Y en esto Galicia tiene mucho que perder.

Todo esto arranca cuando una coruñesa de nacimiento, titular actualmente de la cartera de Economía, logra que Europa rebaje el objetivo de déficit público pactado. Nadia Calviño, que hasta hace nada era una "mujer de negro" de las que ponían debereres a Cristóbal Montoro, vende que esa relajación en los objetivos se traduce en que Seguridad Social, automomías y administración central tendrán unos 6.000 millones más para gastar, aplazando un ajuste. La pedrea otorga a las comunidades unos 2.500 millones más. Pero esto es todavía un éxito entre comillas, porque Bruselas se pronunciará definitivamente cuando el Gobierno presente los próximos presupuestos. Ese será el momento de la verdad.

Mientras, la ministra Montero se estrena en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hablando de deuda, que en muchos ámbitos es como nombrar a la bicha. Por ejemplo, en Galicia, comunidad cumplidora donde las haya. En teoría, el Gobierno modificará la regla de gasto para que las autonomías puedan utilizar los recursos que les proporciona la nueva senda de consolidación fiscal y los superávit que generen con esos nuevos techos. Esto representa, básicamente, aliviar las arcas públicas, que tendrán más magen. Y que podrán utilizar o no.

Y hablando de deuda, conviene matizar, porque el debate es amplio, y cargado de ideología. Pero si recurrimos a los paralelismos, como en una unidad familiar, endeudarse para una administración pública no tiene por qué ser necesariamente malo si esos compromisos (vencimientos) se pueden afrontar en tiempo y forma; vamos, si esas deudas se pueden devolver. Lo hizo Galicia durante la crisis. Y resulta muy distinto endeudarse para invertir (infraestructuras, hospitales, puertos...) que hacerlo para pagar nóminas de empleados públicos, es decir, gasto corriente. Nada tiene que ver. Y mucho menos, por supuesto, hacerlo para cubrir esas letras que llegan, es decir, endeudarse para afrontar los costes de esa misma deuda. Que de todo hay.

En el cumplimiento de los objetivos de déficit, la Xunta supera con creces al resto de comunidades, lo que le ha permitido acceder al Fondo de Facilidad Financiera, que desde 2016 está articulado exclusivamente para las autonomías que cumplen con los objetivos de déficit y deuda pública, facilitando unas condiciones de financiación ventajosas. Lo deja claro el último informe sobre la economía gallega editado por Afundación y dirigido por Alberto Meixide. Tan solo Galicia, Canarias y Castilla y León tienen acceso a esta vía de financiación, que permitió a la Xunta obtener recursos por  2.130 millones de euros solo en 2017.

La otra cara está en el ajuste que ha habido que afrontar para cumplir. En los recortes salariales, en las políticas de no reposición de efectivos y en la contención en el gasto. Pero hay algo más y es capital: las inversiones. La Xunta destina a inversiones reales prácticamente la mitad de lo que dedicaba a mediados de la década de 2000. Es este el principal capítulo de ajuste.

Todo esto tiene un valor. El Gobierno ha comenzado por los límites de deuda, y eso no es hablar de financiación autonómica. Es pensar en el corto plazo. La Xunta no pueden dejar pasar ni una ante cualquier imprevisto en el guión que pase, por ejemplo, por llevar la reestructuración de la deuda autonómica a la senda de quitas y condonaciones. Galicia cumple. Y no debería ser penalizada por ello ante un borrón y cuenta nueva con los indultados, si los hay. Ojo. 

Un ambicioso plan forestal sin consenso
Todavía hay  tiempo, al estar en período de consulta pública y alegaciones, pero el nuevo plan forestal que ha diseñado la Xunta tiene respaldos solo a medias. En las manos de los responsables de Medio Rural está lograr concitar intereses y modular recelos, que los hay y muchos en un sector con un gran número de actores, que son los que integran la que se conoce como cadena de valor de la madera. Galicia aspira con este nuevo plan a duplicar la producción de madera en los próximos veinte años. El objetivo es ambicioso para una comunidad que ya es líder nacional. Hacerlo bien, con  orden y concierto en cuanto a superficies destinadas a unas y otras especies, y también a nuevas figuras, tanto jurídicas como empresariales, resulta obligado.

La Xunta no quiere demonizar ninguna especie, y a la vista de las proyecciones realizadas, la superficie destinada a eucalipto crecerá en los próximos veinte años un 8%, hasta representar un 16% de todo el monte gallego. Por poner una referencia, el plan contempla que los pinares pasen a sumar el 26% del total de la superficie forestal.

Ahora, para echar a andar, con el objetivo de que este nuevo plan entre en vigor en 2019, la Consellería de Medio Rural debe articular varias estrategias y echar las redes en aguas revueltas y muy distintas. En sus manos está seducir al sector, que sigue mostrando dudas y no ve ese consenso tan reclamado por ningún lado. De otro, el equipo de Ángeles Vázquez sabe que su destino es también el de entenderse con un nuevo intérprete de ese guión que dicta Núñez Feijóo. Y no es otro que la nueva Axencia da Industria Forestal de Francisco Conde.

Nuevo guión autonómico
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